Razones para no votar en blanco

El día de hoy pasará a la historia como aquél en el cual la ciudadanía colombiana tuvo la ocasión de escoger entre apoyar (explícita o implícitamente) el continuismo o sacudir un sistema político gangrenado por la corrupción, el crimen y la impunidad que nadie, en pleno uso de uso de sus facultades, puede decir funciona bien. Quienes defienden el voto en blanco se han quejado incansablemente de las críticas –formulaciones honestas y directas que señalan las falacias sobre las cuales se apoyan las justificaciones al voto en blanco– de parte de la ciudadanía que clama desesperadamente un cambio. Tales quejas se basan, por supuesto, en otra falacia: una crítica argumentada no es un ataque, sino que constituye el elemento clave de cualquier debate informado.

Este texto lo escribo a tres horas de apertura de las urnas en Colombia y después de haber depositado mi voto por Gustavo Petro, Angela Robledo y el proyecto de la Colombia Humana. Lo hago como un último intento para tratar de convencer a quienes tienen la intención de votar en blanco de tomar partido, pues aunque esta opción puede tener sentido en ciertos contextos verdaderamente democráticos, la evidencia que apunta a que éste no es el caso de Colombia es apabullante. Mis argumentos para no votar en blanco parten de una suposición que puede ser sacada de los resultados de la primera vuelta, la cual es incontrovertible: el voto en blanco le conviene a la campaña de Duque-Uribe-Ordóñez-Ramírez-Morales. Dicho de otro modo: un voto en blanco es un voto implícito por dicha campaña (razón por la cual los uribistas están tratando con tanto respeto y deferencia a quienes lo defienden). Veamos, entonces:

  1. Muchos creen que porque Duque es un joven con poca experiencia y bagaje político es inmaculado y, por lo tanto, su presidencia no sería tan terrible como algunos lo imaginamos. Si bien es imposible tener una bola de cristal para saber exactamente qué va a pasar una vez se posesione, sí se puede formular una hipótesis informada para determinar que las circunstancias apuntan a que quienes estamos preocupados tenemos razón. La genialidad del gesto de Uribe radica precisamente en haber elegido como su candidato a un nuevo Uribito que –a diferencia del anterior– no ha estado inmiscuido en escándalos de corrupción. La juventud y “frescura” de Duque, y el hecho de que no haya tenido tiempo de insertarse aún en las redes de poder en Colombia, le garantizan a Uribe que estará a su merced. Creer que Duque puede traicionar a Uribe porque Santos lo hizo es no tener en cuenta que Santos era un tipo con mucha experiencia y gran poder (el cual deriva de las conexiones que ha establecido en su carrera en política y del hecho de que es miembro de una de la familia más poderosas de Colombia). Otro signo que apunta a que Duque hará lo que diga Uribe es el extraordinario servilismo con el cual lo trata (una pregunta que me hago constantemente es si, una vez posesionado, Duque continuará refeririéndose a Uribe como “Presidente Eterno”).
  2. El hecho de que Ordóñez y Morales no estén teniendo un rol protagónico durante la campaña no significa que no vayan a hacer parte del gobierno de Duque. Ordóñez –Lefebvrista furioso cercano al Opus Dei que puso todas las trabas posibles a la aplicación de los cambios legislativos por los derechos reproductivos de las mujeres cuando fue Procurador– obtuvo un suficiente número de firmas (para inscribir su candidatura) y de votos (durante la elección del candidato único del partido) como para poder negociar una posición importante en el gobierno de Duque. Es ingenuo asumir que una alianza Ordóñez-Morales en el nuevo gobierno va a tener un efecto insignificativo para los derechos reproductivos de las mujeres, la educación sexual y los derechos de las minorías sexuales.
  3. Los partidos más implicados en casos probados de corrupción están todos del lado de Duque. Votar en blanco equivale a decir que esto no es suficientemente importante como para tomar posición al respecto. Si Duque-Uribe salen elegidos esto se traducirá en dar carta blanca a la corrupción (independientemente de cuántas personas hayan preferido a Petro o al voto en blanco).
  4. Como bien lo explica Rodrigo Uprimny en la columna donde anuncia su voto por Petro, los riesgos de un regreso de Uribe para el estado de derecho –más aún teniendo en cuenta las propuestas reales de su programa– son reales. Nuevamente ignorar esto es ser deliberadamente ingenuo.
  5. La situación con las pensiones es un problema serio que fue implementado por la ley 100 de Uribe. Al respecto, la propuesta de Duque-Uribe promete continuismo, mientras que la de Petro propone una reforma que tendría beneficios para las generaciones actuales de trabajadores que se jubilarán en el futuro.
  6. Un regreso de Uribe, en la forma de Duque, garantizará impunidad total respecto a uno de los crímenes más atroces cometidos por un estado en el mundo occidental: las ejecuciones extrajudiciales de miles de jóvenes pobres, mal llamados Falsos Positivos. Nuevamente, votar por esto o no hacer nada para evitar que suceda, se traduce en una minimización del valor de la vida y de los derechos ciudadanos de esos jóvenes y sus familias.
  7. La represión en un nuevo gobierno uribista puede potenciarse a límites insospechados por la simple razón que en este momento Uribe no tiene la misma legitimidad y aceptación que tuvo antes de y durante sus dos mandatos. Además, ahora tiene procesos en su contra. No se equivoquen: Uribe no sólo es adicto al poder sino que siempre ha estado motivado por una gran sed de venganza.
  8. Por más que insistan los que van a votar en blanco que la idea detrás de su opción es “hacerle oposición a cualesquiera que sea elegido”, es innegable que la oposición tendrá derecho a existir en un eventual gobierno de Petro. En uno de Duque-Uribe, por el contraro, esto no será más que una ilusión.
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Recentrar la desigualdad no es ser extremista sino progresista

A menos de una semana de la segunda vuelta es descorazonador ver a personas que han tenido acceso a la educación repetir fórmulas vacías de contenido y/o no apoyadas en la realidad que afirman que el programa de Gustavo Petro y de Ángela Robledo es “extremista”. A pesar de las interpelaciones, ninguno de los que hacen tales aseveraciones se digna explicitar a qué se refiere por “extremista” y cómo es que Petro o su programa entran en esa categoría. Tratando de entender a qué podrán referirse, lo único que se me ocurre es que el supuesto extremismo tenga que ver con el aspecto económico de su programa y, más específicamente, con el hecho de que Petro es el único político que ha puesto la desigualdad social en el centro del debate.

Cuando el economista francés Thomas Piketty apoyó a Petro a través de Twitter no tardaron en deslegitimarlo en el campo uribista desacomplejado y en el de la derecha solapada (aquella que defiende el statu quo, pero quiere posar de iluminada) porque es un economista de izquierda. Alberto Bernal, por ejemplo, y para vergüenza de muchas/os colombianas/os con un mínimo de formación y/o discernimiento y con la falta de pudor y self-awareness que lo caracteriza, escribió un texto en el que pretende “refutar a Piketty en tres minutos.” (Por fortuna, la probabilidad de que ese texto caiga en manos del francés o de algún otro economista serio de ese nivel son prácticamente nulas).

Es cierto que Piketty es uno de los pocos economistas de renombre que se ubica a la izquierda del espectro ideológico –pues la economía hace ya varias décadas ha sido dominada por la corriente de la Escuela de Chicago de Milton Friedman y Friedrich Hayek–, pero no es el único que se ha interesado en la desigualdad. En 2012 el estadounidense Alan Krueger, que no es precisamente una figura de izquierda, dio una charla titulada The Rise and Consequences of Inequality in the United States donde llega a la conclusión que la desigualdad ha sido nociva para el crecimiento económico de los Estados Unidos. Otro ejemplo es Joseph Stiglitz, primer vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial entre 1997 y 2000, premio Nobel de economía 2001, crítico del modelo neoliberal dominante y de la desigualdad social que éste ha generado y autor del libro de divulgación The Price of Inequality (2012), el cual es considerado por Thomas B. Esall como el contra-argumento más exhaustivo al neoliberalismo y a las teorías del laissez-faire.

Stiglitz no es un economista de izquierda, ya que su ataque al neoliberalismo y a los sistemas de taxación que favorecen a quienes ya son ricos (en detrimento de la gran mayoría) no derivan de un deseo suyo de darle prioridad al interés de la comunidad sobre el interés individual, sino de la necesidad de explicar los problemas económicos y sociales que derivan de la desigualdad. Incluso una revista tan abiertamente orientada al libre mercado como The Economist concluye en un reporte especial sobre la desigualdad que altos niveles de desigualdad generan ineficiencia y tienen repercusiones negativas para el crecimiento económico (Stiglitz 2013: xv). Por lo tanto, centrar el debate económico en la desigualdad no es un planteamiento “extremista” sino una idea que está informada por el trabajo académico de economistas de talla mundial ubicados en diversos puntos del espectro ideológico.

El libro The Price of Inequality debería ser lectura obligada en Colombia, ya que explica a partir de datos concretos cómo “las políticas macroeconómicas –incluyendo las políticas monetarias– han estado extensamente impregnadas por la ideología, más específicamente la ideología fundamentalista del mercado que sirve los intereses de aquellos sentados en lo alto de la pirámide y en detrimento del resto de la sociedad” (Stiglitz 2012: xxv). (Énfasis mio). Esto que Stiglitz llama “ideología fundamentalista del mercado” es lo que la ortodoxia neoliberal — que ha dominado la esfera pública en Colombia desde los noventa — quiere hacer pasar como una teoría irrefutable que deriva de una lógica cuasi-científica. Tal enfoque ha sido martillado en el contexto colombiano a tal extremo que un escritor como Héctor Abad se atreve a publicar una columna donde afirma –desde la misma ignorancia y con la misma desfachatez y falta de self-awareness que Bernal respecto a Piketty– que cuestionar el modelo dominante es equivalente a negar la redondez de la tierra (Stiglitz entraría entonces dentro de la categoría que Abad denota en tan infortunada columna como “los tierraplanistas”).

Aunque el libro en cuestión concierne principalmente a los Estados Unidos, los puntos que trata se pueden aplicar a Colombia, y al hacerlo se evidencia que la intensidad de la desigualdad en el segundo es aún peor que en el primero.

Aunque el debate sobre la desigualdad se articula alrededor de varios puntos, en esta entrada abordaré brevemente sólo dos de los que Stiglitz menciona en el prefacio a la edición de bolsillo y que son cruciales en el contexto de la actual campaña presidencial en Colombia: 1) cómo medir la desigualdad y 2) el trickle-down economics.

Respecto al primero, Stiglitz dice que hay quienes argumentan que los niveles de desigualdad pueden lucir ligeramente mejor dependiendo de cuánto se valoren los beneficios del acceso a la salud (en el contexto de los Estados Unidos, Medicare, Medicaid, o el seguro de salud ofrecido por el empleador) (xiv). Ésta es la línea argumentativa de la Heritage Foundation, un think tank poderoso republicano que se ubica tan a la derecha que incluso critica fuertemente a compañías como Amazon, American Airlines, Apple, Bank of America, Coca-Cola, Facebook, General Electric, Google, Hershey, Microsoft, Target, Twitter, y Uber por ser corporaciones que, con el fin de promover la “tolerancia” para ciertos clientes, erosionan las libertades de otros (comillas en el texto original). Este argumento tiene dos problemas según Stiglitz: 1) el aumento de la inversión en salud puede ser atribuido al incremento de los costos médicos; 2) las cifras lucirían considerablemente peor si se tomara en cuenta la cuestión de la creciente inseguridad económica de los trabajadores, la cual deriva de un mercado laboral que carece de seguridad social. Debido a la carencia absoluta de los seguros de desempleo e invalidez, a la proliferación de los trabajos temporales y a la enorme extensión del mercado informal, las cifras de desigualdad en Colombia serían entonces peor de lo que actualmente se admite.

El segundo punto fue detalladamente argumentado por E. Conard (quienes hablan francés imaginarán la gracia que me causa la ironía de que el apellido de un defensor de tal argumento sea tan similar a connard) en Unintended Consequences, un libro publicado el mismo año que The Price of Inequality (2012). De acuerdo con Stiglitz, el argumento de Conard corresponde a una nueva versión del viejo mito del trickle-down economics (economía del goteo: quienes poseen el capital dejan caer gotas de su riqueza para beneficiar a los de abajo), el cual, aunque tiene un largo pedigree, hace tiempo fue desacreditado (Stiglitz 2013: 8). El mito (tal y como lo desarrolla Conard) reza que dado que los ricos son quienes generan empleo darles más dinero a ellos garantiza la expansión del mercado laboral. La ironía de esto, continúa Stiglitz, es que el autor de Unintended Consequences, al igual que Mitt Romney (quien fuera candidato republicano en la contienda presidencial estadounidense en 2012, año de publicación de ambos libros y a quien Conard apoyaba), hace parte de una firma de capital privado con un modelo de negocios establecido el cual implica hacerse cargo de compañías, acumular deudas, “reestructurar” [comillas en el original] mediante el despido masivo y vender las propias acciones antes de que la compañía entre en banca rota (Stiglitz 2013: xvi). Contrariamente a lo que reza el mito –que la riqueza de los ricos desciende a los pobres– lo que se ve actualmente, en Estados Unidos, Europa y por supuesto Colombia, es que “la riqueza que ha ido creciendo en lo alto de la pirámide social ha sido obtenida en detrimento de quienes están abajo” (Stiglitz 2013: 8). Dicho de otro modo, y como lo prueba Stiglitz, mientras el “trickle-down econonomics” no funciona, el “trickle-up economics” sí que lo hace” (Stiglitz 2013: 9). Por supuesto, este mito ha constituido la piedra angular de los programas económicos de los presidentes que se han sucedido en Colombia y es el punto central de la propuesta económica de Uribe-Duque-Ordóñez-Ramírez-Morales.

Es cierto que para la mayoría de la gente –en un país tan a la derecha como Colombia– resulta difícil deshacerse de largos decenios de propaganda anti-izquierda (intensificada de manera brutal durante la actual campaña presidencial) en tan poco tiempo. Sin embargo, quisiera terminar este texto apelando de nuevo a aquellas personas que han tenido el “privilegio” de la educación y/o que tienen capacidad de discernimiento para que no se dejen manipular más por la campaña sucia anti-Petro actual, la cual se ha apoyado en mentiras y tergiversaciones para generar desazón y miedo respecto al programa de gobierno de la Colombia Humana. Como el trabajo de Stiglitz lo prueba, poner la desigualdad en el centro del debate político y económico no es un gesto del “extremismo de izquierda”, sino una de las preocupaciones más importantes de la actualidad. Quienes defienden el modelo económico retrógrado del trickle-down economics (cuya continuación garantiza la perpetuación de la polarización social, la cual tiene efectos negativos sobre la calidad de vida de la sociedad en su totalidad) son los mismos que se han beneficiado siempre de éste. No lo digo yo, sino uno de los más reputados economistas del mundo, Doctor en Economía del muy prestigioso MIT y Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz.

 

  • Stiglitz, Joseph E. (2013) (edición de bolsillo). The Price of Inequality. London: Penguin.

Saldré del abstencionismo y votaré por la “Colombia Humana”

Llevo una semana dándole vueltas al asunto pero la decisión está tomada: el domingo 27 de mayo de 2018 saldré de mi abstencionismo y votaré por Gustavo Petro. Quienes me siguen por Twitter sabrán que no ejerzo el derecho al voto en Colombia porque considero – y la evidencia que apunta a que tengo razón es abundante hasta el hastío – que la “democracia” allí, además de limitarse a participación electoral, es una fachada que ha permitido al estado colombiano cometer crímenes atroces que siempre han quedado en la impunidad.

Mi asqueo con el proceso electoral en Colombia empezó aquel domingo en mayo de 1994 cuando, recién llegada a la mayoría de edad, voté por Ernesto Samper Pizano a la presidencia. Esa noche, viendo las noticias justo cuando se anunciaba su triunfo, presencié un acto abyecto que me hizo comprender la extensión del patetismo de la clase política tradicional colombiana: la pataleta en vivo y en directo en la televisión nacional de Andrés Pastrana, quien lloraba de manera inconsolable (cual muchachito malcriado) porque había perdido la contienda y él “¡quería ser presidente como su papá!” (probablemente esas no fueron sus palabras textuales, pero ese es el mensaje que recuerdo). Acto seguido entregaba un cassette que, decía él, acababa de recibir anónimamente y en el que se denunciaba a la campaña de Ernesto Samper de haber recibido dineros del narcotráfico. Yo no sabía (y aún no lo sé) si las acusaciones eran ciertas o falsas, sólo sabía que hasta muy recientemente en aquel entonces, Pablo Escobar había sido uno de los queridos del establecimiento. También sabía, porque soy de Medellín y allí vivía en ese momento, que el narcotráfico había permeado todas las esferas de las sociedad colombiana. Si el dinero del narcotráfico había construido urbanizaciones, restaurantes y centros comerciales, me preguntaba, ¿qué de raro tiene qué haya infiltrado una campaña presidencial?

En 1998 decidí no votar, pues le había perdido totalmente el respeto a un sistema político donde un presidente electo no tiene “responsabilidad política” frente a lo que pasa en su campaña y un homúnculo del nivel moral, ético e intelectual de Andrés Pastrana era referente político, jefe de partido y, además, nuevamente candidato a la presidencia. En ese tiempo hacía mis estudios en EAFIT y mis compañeras decían todas que iban a votar por Pastrana porque era un “papasito” y ya era hora de tener a un tipo de buena pinta como jefe de estado. En el 2002 decidí inscribir la cédula porque la idea de que Álvaro Uribe – a quien conocía por su rol en la gobernación de Antioquia y por las Convivir – llegara a la presidencia me aterrorizó. Si bien yo ya no vivía en Colombia, muchos de mis seres queridos sí vivían allí. Inscribí entonces la cédula en el lugar que correspondía y, aunque en aquella ocasión no pude votar por razones ajenas a mi voluntad, la cédula sigue allí inscrita.

No tengo que enumerar las múltiples maneras en las cuales los ochos años que pasó Uribe a la cabeza del estado y el continuismo de muchas de sus políticas durante los ocho años de su sucesor, Juan Manuel Santos (y no, no creo en la paz de un presidente que ha observado impávido la exterminación de los líderes sociales desestimándola como “casos no sistemáticos” que son producto de “líos de faldas”), minaron aún más una democracia que jamás ha existido. Desde hace mucho tiempo entiendo la participación en los procesos electorales en Colombia como un acto de legitimación de un régimen cuasi-dinástico, cleptocrático y asesino (de los más pobres y los más vulnerables) que se ha perpetuado en el poder a punta de propaganda, trampa y alianzas tenebrosas.

Pero esta vez voy a votar, lo cual no significa que me hago esperanzas. Lo más probable es que Petro no gane, ya sea porque finalmente el respaldo no está, o porque la maquinaria de Vargas Lleras se pone en marcha y contra ese monstruo nadie puede, o porque la Registraduría se roba las elecciones. En la situación hipotética de que ganara, la institucionalidad en pleno con la ayuda de la élite colombiana y de los medios masivos de comunicación se darán a la tarea minuciosa de ponerle todos los palos en las ruedas que les sea posible. Así como cuando fue alcalde de Bogotá. El éxito de tal estrategia fue tan contundente en aquella ocasión que lograron convencer a la ciudadanía (a la que vota, porque la tasa de participación fue muy baja) de reelegir a Enrique Peñalosa, el mismo individuo que ya en su primer mandato les había metido un sistema de buses en lugar de un metro y quien actualmente está empeñado (en contra de la voluntad ciudadana y muy seguramente para garantizar el crecimiento de capital de ciertos inversores) en convertir a Bogotá en el peor hueco urbano del Sur Global: máxima contaminación, máxima proliferación de cemento, más buses, más trancones, más polarización social, más tiempo de commuting para los trabajadores, menos árboles, etc. También es posible – y me perdonará el señor Gustavo Petro y su familia por ser así de directa – que lo maten. Todos sabemos que tal escenario no es irrealizable en Colombia.

Mi cambio de posición – del abstencionismo como acto político de protesta a la participación electoral – tomó forma la semana pasada a partir de tres cosas que vi por Twitter. Curiosamente, la decisión final llegó leyendo un artículo en la Revista Semana (!) acerca de la multitudinaria presencia popular en la Plaza de Bolívar la noche del 17 de mayo donde Petro se presentó para hacer su último discurso. El artículo en cuestión es el primero que leo en dicha revista que reporte acerca de Petro sin la saña habitual. Por supuesto, su autor no pudo reprimir el deseo de mencionar una de las falacias argumentativas más martilladas de la campaña, el tal poder polarizador de Petro: “En los discursos de Petro […] no hay un mundo solo en blanco o solo en negro”, escribe, y no hace falta entrar en detalles sobre los problemas lógicos de tal premisa. Como si la polarización social de clases existente en Colombia fuera fruto de la retórica petrista en vez de una realidad innegable: el World Inequality Report, por ejemplo, encuentra que aunque la desigualdad en América Latina disminuyó ligeramente, en Colombia y en Brasil ésta sigue siendo stubbornly high.

En realidad no es Petro quien me convenció y, aunque es su nombre el que marcaré en el tarjetón, no es sólo por él por quien votaré. Por supuesto, Petro es el único en la contienda con quien puedo identificarme ideológicamente. Como lo explica claramente Iván Olano Duque en este hilo, durante su gestión en Bogotá — y a diferencia de la clase política que ha reinado en Colombia — Petro trabajó por “la niñez, los trabajadores, los ciudadanos de a pie” en lugar de estar “al servicio de los intereses económicos de contratistas amigos, las petroleras y fabricante de buses, la banca y los fondos buitre”. Muchos que han trabajado con él dicen que es un ser de una arrogancia insufrible y les creo, pero matizo: esa arrogancia le ha permitido pasar por encima de los incesantes ataques de la clase política, la élite y los medios colombianos, muchos de los cuales se han articulado alrededor de sus orígenes sociales. Además tal arrogancia no es característica única y exclusiva suya, como bien lo han demostrado hasta la saciedad los integrantes de la Coalición Colombia. A diferencia de todos los otros candidatos, a Gustavo Petro se le exige absoluta perfección (algo que, en mi trabajo académico, leo a partir de la hipótesis que la afiliación política opera en Colombia como una variante social equiparable a la raza, el género, la sexualidad, la clase social).

Sin pretender desestimar su carisma, más que por Petro votaré por la esperanza que parece motivar a todos aquellos quienes han decidido organizarse de manera voluntaria para sacar la campaña de la “Colombia Humana” adelante. La Revista Semana reporta que estos voluntarios son, entre otros, “líderes sociales, hip hopers, barristas, animalistas e indígenas.” En efecto, a diferencia de los otros candidatos, quienes representan ligeramente diferentes sabores del Establecimiento, la “Colombia Humana” parece estar siendo apoyada por sectores populares y diversos, incluyendo — y de nuevo de acuerdo con Semana — “la guardia indígena de los Nasa”, el “Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais)”, “73 familias embera chamí y embera katíos”, entre otros. En el evento del 17 de mayo también participó “Totó la Momposina” (no es necesario enfatizar el contraste entre ella y Silvestre Dangond). Para alguien con mis preocupaciones políticas, esto debería ser suficiente. Sin embargo, la “Colombia Humana” ofrece más. Por ejemplo, una vicepresidenta de la talla de Ángela Robledo y un enfoque ambiental que consistentemente se ha opuesto a la catástrofe absoluta que es el Fracking. Sin embargo, el detalle crucial que más peso tiene para mí es que Gustavo Petro es el único de quienes están en la contienda que dice sin ambages lo que siempre he pensado y que creo es vital para poder empezar a escribir la historia de Colombia de otra manera: Álvaro Uribe “[encarna] lo más corrupto de la clase política” colombiana. Como lo dije anteriormente por Twitter, tal vez en Colombia se esté ad portas de un momento histórico que abrirá la posibilidad de romper finalmente el ciclo maldito de violencia, miseria e impunidad que se ha perpetuado más allá de lo que es tolerable. Y tal vez mi voto pueda contribuir a que esto ocurra.

Plagio, la cultura del “quién es quién”, y el feminismo como herramienta para la ventaja individual

Llevo un par de años evitando referirme al feminismo de Catalina Ruiz-Navarro y de lo que, considero, es su monopolio del discurso feminista en Colombia. Alguna vez, leyendo un artículo suyo sobre un espectáculo de Beyoncé, osé decirle por Twitter que estaba en desacuerdo con su análisis y lo que pudo haber sido una discusión fructífera se convirtió en una pelea. En vez de tomarme como interlocutora válida y aceptar entablar conmigo un debate acerca de Beyoncé en tanto que evento mediático, cultural y político global desde perspectivas distintas, Ruiz-Navarro prefirió recurrir al ataque. Si bien el episodio me dejó cierto sinsabor – no sólo fue altanera y arrogante sino que me trató como si yo no tuviera el nivel para debatir con ella – e innumerables ocasiones se me han presentado para cuestionar su trabajo como crítica feminista de divulgación, preferí tomar un camino que raras veces tomo: no escribir al respecto.

Mi reticencia se debe no a que no tenga nada qué decir (más bien lo contrario), sino que en el clima político-cultural actual había decidido darle prioridad a la “solidaridad feminista”: por muy flojos que me parezcan sus argumentos y aunque defienda un feminismo al cual me opongo, lo último que una colega feminista necesita – más aún en Colombia donde actualmente cunde un anti-feminismo exacerbado que vino a incrustarse por encima de una misoginia histórica jamás desestabilizada – es tener además que defenderse de otras feministas. El feminismo, tanto el académico como el activista, trae consigo enormes costos emocionales para las mujeres que decidimos así definirnos y hasta ahora había preferido evitar contribuir a la carga que Ruiz-Navarro debe llevar en su triple rol de mujer, figura pública y activista feminista en el contexto colombiano. Sin embargo, el escándalo reciente respecto a una acusación de plagio en su contra y la manera como ella y Fidel Cano han articulado su defensa no me deja otra salida que poner la sororidad de lado y escribir al respecto. A diferencia de Ruiz-Navarro yo no funjo como intelectual pública en Colombia, pero soy feminista y académica y el caso concierne estas dos áreas que son para mí cruciales.

El escándalo se origina en agosto de 2017 a partir de la aparición en un portal de un reporte detallado acerca de las numerosas copias de fragmentos enteros no referenciados de textos de terceros en la tesina de Catalina Ruiz-Navarro defendida en la Pontificia Universidad Javeriana en 2008 para la obtención del grado de Licenciada en Filosofía. Si bien el sitio es uno cuyos miembros son anónimos y cuya misión, la procedencia de sus fondos y el procedimiento para escoger los casos son completamente oscuros (lo cuál deja mucho que desear respecto a lo que la ética concierne), el reporte está muy bien documentado y la acusación es válida. Durante un buen tiempo Ruiz-Navarro hizo caso omiso de las acusaciones, pero el 24 de noviembre decidió finalmente abordar el asunto en su cuenta de Facebook. Su defensa está construida (aunque de manera desorganizada) alrededor de tres ejes: primero, un contra-ataque al sitio por su anonimidad y falta de transparencia; segundo, una justificación lamentable estructurada en torno a la afirmación que la idea principal de su tesina no fue copiada y que evidentemente un marco teórico es “un espacio que, por definición, recoge las ideas de otros autores para construir eso; un marco teórico”; y tercero, la velada sugerencia que la razón de la persecución es su condición de mujer y que el portal en cuestión tendría motivaciones misóginas pues “ya había lanzado acusaciones falsas de plagio contra otra estudiante de la facultad de filosofía de la universidad Javeriana de Bogotá, casualmente, una tesis [sic] que también tuvo tutora mujer y jurados mujeres”.

El problema central y más evidente de la defensa de Ruiz-Navarro es que a pesar del anonimato y las motivaciones de las personas detrás del sitio en cuestión, las acusaciones de plagio que conciernen su tesina no son falsas ni sin fundamento como ella descaradamente afirma. Mario Jursich Durán hace un resumen abrumador de las acusaciones en su muro de Facebook: el portal detectó 53 “duplicaciones textuales” – sin comillas, ni referencias de ningún tipo – en la tesina de Ruiz-Navarro. La intervención de Jursich Durán en el affaire empuja – lo que apunta a que la cuestión de la legitimidad del sujeto hablante es central en el asunto y lo agrava – a Fidel Cano, actual director de El Espectador que es el periódico del cuál Ruiz-Navarro es columnista y la plataforma en la cual ella ha hecho su reputación, a pronunciarse sobre el caso en un video corto de la sección “La redacción al desnudo” publicado el 4 de diciembre. En este video, Cano responde a las preguntas de algunos lectores de quitarle los espacios de opinión a Ruiz-Navarro tanto en El Espectador como en Cromos con la negativa, argumentando que el “plagio” se dio en un contexto universitario hace mucho tiempo y que es más bien responsabilidad de la universidad en cuestión de discutir sobre qué hacer al respecto. Cano aborda una acusación suplementaria y más reciente de Halim Badawi – quien afirma que Ruiz-Navarro se habría apropiado (también) de ideas y frases de un texto suyo publicado en Arcadia y de otro de Luis Izquiel publicado en El Universal – pero lo hace para desestimar dicha acusación cerrando la discusión mediante una retórica que tergiversa los hechos. Cano termina su intervención anotando que el “inusitado interés en [las] ligerezas universitarias” de Ruiz-Navarro tal vez se origine en el hecho de que a muchos les molesta lo que ella tenga que decir.

Finalmente el 5 de diciembre la revista Arcadia le abre un espacio a la columnista para que responda a las acusaciones y ella en lugar de aprovechar esta ocasión para hacer acto de contrición decide insistir en desviar el foco hacia el proceder y la legitimidad de PlagioS.O.S, sugiriendo una vez más que sus motivaciones son misóginas. A la pregunta de Arcadia de por qué en su tesina hay varios fragmentos de textos de terceros que aparecen sin citación ella responde que aunque ésta contiene “unas fallas -muchas- de citación” eso en ningún momento constituye un plagio, el cual según ella es el “rob[o de] la obra de otra persona [para] presentarla como propia”.

El affaire Catalina Ruiz-Navarro se ha desplegado de tal manera que se convierte en un caso ejemplar para abordar tres temas conectados entre sí que considero menester abordar. El primero concierne la noción misma de plagio – en general y en este caso particular – y su relación con la cultura de la trampa y de la corrupción que impera en Colombia. El segundo – que se deriva de la manera como el plagio de Ruiz-Navarro es maquillado por ella misma y por Cano como meras “fallas de citación” u “omisiones” – concierne cómo en Colombia la gravedad de un hecho depende de sobre quién recaiga la culpa o quién sea la víctima. El tercero es el entendimiento y uso del feminismo por parte de Catalina Ruiz-Navarro como estrategia para el triunfo individual y la consecuente utilización del anti-feminismo – por parte de ella y tangencialmente por parte de Fidel Cano – como teflón ante la crítica.

Presento aquí dos definiciones de plagio de dos instituciones – la Universidad de Lausanne y la London School of Economics (LSE) – en contextos lingüísticos, culturales y de tradición académica distintas – la Suiza francófona y el Reino Unido – para dar evidencia de que lo que Ruiz-Navarro hizo en su tesina y en el artículo cuestionado por Halim Badawi sí constituye un plagio y no una simple “falla de citación” o una “omisión”.* La primera define plagio como “tomar una parte – incluso de manera puntual, parcial o reformulada – de un texto escrito por otra persona haciéndolo pasar por propio y sin indicar la fuente”, mientras que la segunda lo define de manera más general como “hacer pasar el trabajo de otros como propio”. Esta segunda definición más general es la que Ruiz-Navarro utiliza – absurdamente o ¿quizás disingenuously? – para defenderse, como si las ideas, asociaciones de conceptos y la prosa misma no constituyeran trabajo o fueran menos relevantes que el argumento general desarrollado en un texto sea éste una tesina para obtener un grado universitario o una columna de opinión en un periódico de distribución nacional para hacerse una reputación. La LSE, por supuesto, elabora más su definición general respecto al plagio y especifica:

“Las citaciones textuales deben ser puestas dentro de comillas o indentadas y deben ir completamente referenciadas. Todo material parafraseado debe ser reconocido como tal. La infracción de este requerimiento, de manera deliberada o no, o hacer pasar el trabajo de otros como [propio], de manera deliberada o no, constituye un plagio”

Dirán tal vez Ruiz-Navarro y Cano que esto funciona así en el contexto académico de la Europa actual más no en el de la Colombia del 2008 y entonces vale la pena traer a colación mi propia experiencia de docente de cátedra en la EAFIT de principios del 2000 donde tuve que poner un par de ceros a dos estudiantes que hicieron copy-paste de un texto que encontraron en internet en la parte introductoria del trabajo que debían someter. Mi intuición respecto a un claro plagio y el hecho de que pude poner dos ceros en aquella época en Colombia indican que la idea no es tan foránea en tal contexto. Por supuesto cierta parte de la responsabilidad del plagio de la tesina de Ruiz-Navarro recae en la supervisora del trabajo, en el jurado de sustentación y en la institución misma, y es quizás ésta la razón por la cual la Pontificia Universidad Javeriana no quiere entrar en materia. Sería además absurdo y un poco cínico que una universidad viniera a quitar un título casi diez años después de otorgado porque otros hicieron el trabajo que sus propios profesores no hicieron en aquel momento.

Sin embargo, la gravedad del plagio de aquel entonces, pero más aún el más reciente de 2014 del que la acusa Halim Badawi, reside en el hecho de que Catalina Ruiz-Navarro no se dedica a detectar enfermedades oculares, ni es chef, ni enfermera, ni ingeniera de obras. Ruiz-Navarro se ha hecho una reputación a través de la escritura, una actividad profesional que requiere no sólo un trabajo preliminar de investigación sino ideas y asociaciones originales, creatividad en el uso del lenguaje y calidad en la prosa. Badawi ofrece detalles de su caso en su cuenta de Facebook que merecen discusión, más aún cuando el director de El Espectador desestima su queja afirmando que en este caso preciso sí “hubo una omisión […] una falla” pero que “una omisión es muy diferente a un plagio”. Dice Badawi que su texto titulado “Censura artística en el Museo Santa Clara” – el cual publicó Arcadia el 19 de septiembre de 2014 – fue escrito a partir “de una serie de entrevistas que [él mismo hizo] a la directora del Museo Santa Clara, Constanza Toquica, a la artista María Eugenia Trujillo, censurada por el grupo Voto Católico, y al curador de la exposición, el historiador Álvaro Medina”. Afirma, además, que la “investigación tomó quince días de trabajo” y su implicación personal fue tal que incluso participó “en una marcha por la libertad del arte que se hizo en las puertas del museo”. Al día siguiente – el 20 de septiembre de 2014 – Ruiz-Navarro publica el texto titulado “Vaginas” cuyo primer párrafo es una versión abreviada de un párrafo del texto de Badawi. La copia textual es indudable, sin embargo el asunto no se reduce sólo a la apropiación del vocabulario, de la redacción y de la prosa – lo que constituye en sí mismo un plagio – sino que incluye la apropiación de la idea misma de escribir acerca de ese tema y de todo el trabajo de quince días – visitas, entrevistas, transcripciones, etc – que Badawi hizo para poder producir su texto.

Ahora, este caso sale a la luz pública porque la acusada tuvo la desfachatez de plagiar un texto que acababa de ser publicado en una revista que, aunque no tiene el mismo impacto que El Espectador, se produce y circula en Colombia. La pregunta evidente que salta a la vista es entonces: ¿cuántas veces ha incurrido Catalina Ruiz-Navarro en plagio – de textos escritos en otras lenguas o producidos y circulados en otros contextos – en sus columnas? Ya Elsy Rosas Crespo la había acusado de haber traducido un texto escrito por otra persona en inglés y de haberlo hecho pasar como propio. No recuerdo los detalles del caso, pero creo que la cosa llegó al punto de que Ruiz-Navarro tuvo que excusarse. En las respuestas que da a  Arcadia, sin embargo, termina nuevamente por desestimar el peso de esa vieja acusación diciendo, sin presentar prueba alguna, que la autora del texto supuestamente traducido no le dio importancia al asunto.

Que un señor del estatus social y de la reputación periodística de Fidel Cano desestime el affaire Ruiz-Navarro describiéndolo como una “falla” por “omisión” constituye, en el mejor de los casos, un maquillaje de los hechos, y en el peor, una burda tergiversación. Lo que esto prueba sin lugar a dudas es que la cultura de la trampa en Colombia cunde. También prueba algo más y que constituye mi segundo punto: que la gravedad de un hecho en este país dependerá de “quién” es el acusado y/o de “quién” es la víctima. Cabe preguntarse qué habría pasado si la persona acusada de plagio no tuviera el estatus social de Ruiz-Navarro. Esta pregunta puede responderse hipotéticamente haciendo una analogía muy pertinente en el contexto actual que han hecho varias personas por Twitter: ¿qué habría pasado si quien hubiera mentido sobre su formación académica durante décadas hubiera sido Gustavo Petro y no Enrique Peñalosa? Plagiar textos y mentir sobre la propia formación académica para adquirir una reputación que tiene efectos reales en las propias opciones laborales, en detrimento de las opciones laborales de los otros, es una forma de corrupción y minimizar o hacer caso omiso de esos actos porque quien los comete hace parte de un cierto grupo social o tiene un cierto peso contribuye a perpetuar la dinámica de república bananera dominante en Colombia.

Esto conduce a mi último punto que concierne la cuestión del feminismo de Catalina Ruiz-Navarro – un feminismo que pone el interés individual por delante del interés colectivo – y el cual constituye la razón principal por la cual decidí dejar de lado mi solidaridad feminista para con ella y escribir al respecto: en su afán por llegar a – y mantenerse en – la posición dominante en lo que respecta el discurso feminista que en este momento ocupa en Colombia (y en América Latina, porque su posicionamiento hace rato rebaso las fronteras nacionales), Ruiz-Navarro, por un lado, se ha servido de las mismas estrategias de apropiación del conocimiento en contra de las cuales el feminismo académico ha luchado; y, por otro, provee de materia prima a un anti-feminismo que se nutre del argumento de que el feminismo es puro activismo pasional y no requiere rigor al tiempo que deslegitima los verdaderos ataques a feministas que sí surgen de y proliferan gracias al activismo anti-feminista en ascendencia vertiginosa en Colombia y el mundo contemporáneos, como el caso Carolina Sanín, sobre el cual ya escribí en el pasado, bien lo prueba. Las acusaciones y críticas a Catalina Ruiz-Navarro en este caso son fundamentadas y no derivan de ninguna animadversión anti-feminista. Usar tal excusa es ruin y apunta a que tal vez lo que interesa a Ruiz-Navarro no es tanto la lucha feminista sino cómo los individuos – en este caso ella misma – pueden servirse del feminismo para valorizarse y/o defenderse a sí mismos. (Acerca de esto podría escribir una entrada completa analizando sus columnas y argumentos, pero lo dejo para otro día).

Es gracias al feminismo que Ruiz-Navarro se ha posicionado como figura pública y como  formadora de opinión en Colombia. Más aún, en el contexto específico colombiano, Ruiz-Navarro es una referencia principal respecto al discurso feminista a tal punto que en muchas discusiones en las redes sociales – hablo de Twitter Colombia en particular, porque Facebook no tengo – se habla de su feminismo como si fuera “El feminismo”. Sin embargo, Ruiz-Navarro no ha tenido ningún problema en incurrir en prácticas deshonestas que van en contra de la deontología feminista para avanzar su propia carrera profesional. Una de las peleas centrales de la teoría feminista desde sus inicios concierne precisamente la relación poder-conocimiento: Ruiz-Navarro tiene actualmente un gran poder respecto al conocimiento feminista en Colombia – un poder que ha adquirido en parte gracias al plagio – y es por esta razón que es ella – y no otra de las tantas feministas brillantes que hay en Colombia, que sí son rigurosas y que sí tienen ética profesional – quien es invitada a dar charlas TED sobre feminismo.

Fidel Cano cierra la defensa de la columnista diciendo que ella “está en El Espectador no porque sea una académica tremendamente rigurosa o algo así sino porque su opinión la consideramos muy valiosa en el debate público nacional (.) es una voz de mujer activista feminista moderna (.) frentera además (.) que es importante que exista”. Cano tiene razón cuando afirma que Ruiz-Navarro no es ni académica – una académica es alguien que ejerce profesionalmente en una universidad como docente e investigadora – ni rigurosa, y aunque es loable que defienda el espacio de palabra de una activista feminista, valdría la pena especular sobre las razones por las cuales el director de un periódico masivo en un país de tradición conservadora considera importante mantener el espacio de expresión a la voz de una “feminista moderna”. Ya Vivian Martínez Díaz hizo un hilo de tuits muy bueno y al que plenamente adhiero en el cual aborda este tema.

Yo quisiera, sin embargo, darle el beneficio de la duda a Fidel Cano y sugerirle – no a modo retórico ni con sarcasmo, sino de forma genuina – que si de verdad le parece importante que las voces feministas puedan expresarse porque no aprovecha entonces esta coyuntura para invitar a otras activistas y académicas rigurosas feministas a escribir en El Espectador. Esta sería una forma ideal de fracturar el monopolio del discurso feminista por parte de Catalina Ruiz-Navarro, tal vez reemplazándolo por una conversación, y de compensar por la excesiva ligereza con la que decidió tratar el caso. Fidel Cano tiene los medios – en el sentido literal y figurado – y el poder de transformar un evento lamentable en una acción transformadora para beneficio del “debate público nacional” que tanto le interesa.

* Traducciones propias.

Nota: Quiero agradecer a Jorge Mario (@jeinzu) quien me proporcionó acceso a la información de Facebook referenciada.

La sobre-valoración de la educación universitaria en Colombia

Este es un texto cuya escritura he estado postergando porque es un tema delicado acerca del cual tengo mucho que decir. Me he decidido finalmente a abordarlo ahora, motivada por las respuestas generadas por  un hilo  al respecto que hice en Twitter hace un par de días. El hilo en cuestión se originó a partir de un tuit de un/a político (no recuerdo quien) en el cual — a modo de campaña, no sé si por motivaciones populistas o genuinas — su autor/a proponía algo así como “educación universitaria para todos”.

Este tipo de propuesta — que no es exclusiva del contexto político colombiano — suele emerger de corrientes políticas de izquierda, es decir, corrientes políticas que ubican la desigualdad social en el primer escalón de prioridades a resolver.  Quienes me siguen por Twitter sabrán de antemano que ideológicamente me ubico muy a la izquierda del espectro político, es así que la crítica que pretendo articular aquí tiene como objeto la propuesta en sí — así como el modelo y las suposiciones de base que permiten que tal idea emerja —  y no la ideología política que lucha por un crear una sociedad y un mundo más justos.

Aceptando que el Estado existe y — desafortunadamente para quienes lo consideramos como un enemigo y abogamos por su abolición — seguirá existiendo por mucho rato, considero que éste debería cubrir todos los gastos relativos a los ciclos educativos para todos los habitantes del país. Sin embargo, considero que cualquier proyecto político basado en el lema de “educación universitaria para todos” está destinado al fracaso pues tal propuesta no es solamente insostenible sino que, además, en vez de corregir la desigualdad, contribuye a reforzar la misma jerarquización social que pretende combatir en un principio.

Hay un par de elementos a partir de los cuales esta idea se nutre y se mantiene.

El primero es la premisa falsa de que todos somos iguales. Que todos debamos tener los mismos derechos no significa que todos tengamos los mismos intereses ni las mismas habilidades. El problema es la organización jerárquica en términos simbólicos y económicos de ciertos intereses y ciertas habilidades respecto a otras. Esto me lleva al segundo elemento, que da título a esta entrada: la sobre-valoración que se le da a la educación universitaria en el contexto (altamente estratificado) colombiano, donde el título universitario es uno de los marcadores de clase cruciales de manera que las clases medias, media-altas y altas van a la universidad porque esto es lo que se hace por defecto cuando se pertenece a ellas, mientras que las clases medias-bajas y bajas lo hacen (o intentan hacerlo por todos los medios) porque ésta constituye el único camino (si no tenemos en cuenta el tráfico de drogas) de movilidad social hacia arriba.

La “educación universitaria para todos” es una propuesta irrealizable en cualquier contexto — si fuera realizable produciría una distopía en lugar de una utopía — pero cuya búsqueda tiene efectos reales negativos. Primero, pone presiones insostenibles en el sistema educativo y en su calidad. Segundo, afecta negativamente la calidad de vida de las personas implicadas (docentes con clases super-pobladas, estudiantes estudiando por presiones sociales y/o económicas y no por pasión). Tercero, crea lagunas en oficios fundamentales que deberían ser valorizados y realizados de manera profesional para que la sociedad funcione adecuadamente. Este último punto alimenta el ciclo de retroalimentación positiva de la sobre-valorización de la educación universitaria (y de desvalorización de oficios) que ya existe y que es en sí misma el origen del problema. A esto hay que añadir dos efectos interconectados en el contexto específico colombiano: primero, la saturación del mercado en ciertas profesiones (lo cual se traduce en altas tasas de desempleo para esas profesiones) y, segundo, la proliferación de las universidades de garaje, pues el modelo parte de la idea (y simultáneamente la refuerza) de que la educación universitaria es una “inversión” para quien la recibe y es esto lo que  permite hacer de ella un “negocio” para quien la ofrece.

En lugar de aspirar entonces a que “todo el mundo tenga un título universitario” se debería aspirar a una diversificación y revalorización social y económica de todos los oficios. Una sociedad exitosa —  y por esto entiendo una donde la gente sea feliz haciendo lo que le gusta y para lo que se es bueno, donde haya sentido de comunidad, donde haya sinergia social — no lo es si sólo cuenta con profesionales en ingeniería, medicina, ciencias humanas y derecho, sino si también cuenta con profesionales en panadería, en comercio, en turismo, en repostería, en deporte etc. Estos últimos oficios son tan respetables y tan profesionalizables como los primeros.

Lo que habría que cuestionar más bien es por qué la única manera de aspirar a tener un nivel de vida apropiado — tener seguridad y estabilidad laboral, horarios laborales respetuosos de la vida del trabajador, un salario que permita cubrir necesidades básicas, tiempo y capacidad económica para vacaciones — es a partir de la obtención de un diploma universitario. Como me respondió alguien  por Twitter: “La verdadera lucha no es que todos vayan a la universidad, sino que todos puedan tener una vida digna, vayan o no” (@davidpenal).

Ir a la universidad no hace a nadie mejor persona. Ya es hora de que empecemos a buscar maneras de cambiar ese modelo.

El caso de Carolina Sanín, la ola antifeminista y la libertad de expresión

Carolina Sanín termina esta columna premonitoria publicada en 2011 con una secuencia de preguntas retóricas que, no sabía ella cuando la escribió, su propio caso habría de responder contundentemente cinco años más tarde.

La columna relata la ola de indignación que causó en las redes y en la radio la paliza que el entonces director técnico de la selección Colombia, Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, le propinó a una mujer. Inicialmente Sanín, como yo y muchas otras feministas en su momento, se sorprendió positivamente de ver que finalmente la gente parecía estar reaccionando ante la violencia contra la mujer. Sin embargo, al pasar de los días, cuenta, empieza a ver que tal vez “no es cierto que la masa tuitera y radiera haya empezado a preocuparse por las problemáticas de género” y que más bien muchos vieron que el caso de Gómez era “simplemente la oportunidad de ganarse una presea caballeresca por defender a una presa invisible”.

Se pregunta entonces Sanín cuánto “cantarían —o callarían— estos gallos si la víctima hubiera denunciado por sí sola a su agresor; si afirmara su libertad y quisiera defenderse”, si fuera fea, o bella, o sobresaliente en su profesión, si fuera empleada doméstica, si viviera su sexualidad libremente, libertinamente, y abiertamente, si, para no ir tan lejos, dice, “tuviera una cara y un nombre y un dedo para señalar.”

Ella, Sanín, tiene cara, nombre y un dedo para señalar. Pero no sólo se defiende a sí misma. También critica al sistema, con voz fuerte, sin dejar callarse, haciendo uso de insultos que se apoyan en analogías escatológicas, es decir, de una forma que destroza en mil pedazos el guión que en Colombia deben seguir las mujeres en general, y aquellas de su clase social y nivel formación, en particular, para poder hablar. Como la feminista de excelente formación crítica y capacidad de análisis que es, Sanín critica el machismo dominante estructural, pero también el machismo (y clasismo y racismo) ejercido por agentes, hombres (y mujeres), muchos de éstos poderosos y a quienes designa con nombre propio, como Samper Ospina. Esto lo hace sin compromiso y no posando para SoHo mientras tanto. Esta posición combativa – cualquiera que tenga dos neuronas conectadas en el cerebro bien sabrá que nadie va a lograr cambios de ningún tipo mientras se queda sentada en su silla cruzando las piernas y respondiendo “sí señor” a cada pregunta – ha convertido a Sanín en un blanco perfecto para el tsunami de antifeminismo que está flagelando a Colombia (y al mundo) en estos últimos años. Una especie de autoetnografía accidental ha hecho que las respuestas negativas implícitas en sus preguntas retóricas a las que me refiero en la apertura de este texto, le hayan explotado a Sanín en la cara en este último año en su pelea (vital, pero dolorosa para ella) contra el matoneo sistemático y repugnante que ha sufrido a manos del grupo anónimo de los semi-criminales – orgullosos de serlo – de los Chompos quienes están siendo, además, apoyados plenamente por la Universidad de los Andes.

El caso de Sanín prueba no sólo que en Colombia el avance en el ámbito cotidiano de la perspectiva de género es mínimo, sino también que las mujeres que hablan duro para denunciar, como ella y como Piedad Córdoba (en especial como Córdoba quien además es negra y de izquierda), son maltratadas y perseguidas en los foros de internet, en los ámbitos universitarios y por las instituciones con toda impunidad y bajo la mirada beneplácita de una gran mayoría de ciudadano/as.

No conozco a Sanín personalmente y dado que no tengo Facebook sólo tengo acceso a algunas de las columnas que ha escrito en uno que otro medio dominante estos últimos años. A través de Twitter, red a la que sí pertenezco, he visto extractos de ciertas cosas que pone en Facebook que algunos tuiteros comparten, seguí un poco lo que pasó en la feria del libro de Bogotá en 2016, y he seguido como he podido el caso horripilante de los Chompos. Es desde este panorama de información incompleto desde el cual escribo.

Los eventos de abril de 2016 en la feria del libro – un tipo la quiere callar quejándose porque nadie había dicho que el tema de la charla era el “feminismo trasnochado” de Sanín y el debate que se arma a partir de ese hecho – son sólo el abrebocas de lo que le espera a Sanín con los Chompos y con la Universidad de los Andes. En aquella ocasión presencié en Twitter la baja aceptación de Sanín en esa red y cuánta bilis generaba en mucha gente (en su momento escribí un hilo al respecto). Si bien todas las feministas sufren de acoso cirbernético en Colombia y en el mundo, el contraste entre la percepción de Sanín respecto al de otra feminista, que sí hace compromisos con el patriarcado a pesar de su performance de ser vocalmente crítica, y quien es una de las figuras que más domina los espacios de debate feminista en los medios colombianos es enorme. (No pretendo minimizar por un segundo los insultos y amenazas que esta otra feminista recibe, y es precisamente por esta razón que prefiero no nombrarla).

Cuando la historia de los Chompos estalló me quedé aún más aturdida al ver que para mucha gente Sanín se merece tanto el maltrato como el despido porque, argumentan, ella también insulta a través de su cuenta de Facebook. Pongo el termino “también” en itálicas porque en ninguno de los insultos que se le atribuyen (que muchos usuarios comparten fuera de contexto por Twitter) he visto que ella esté insultando a sus estudiantes o llamando a la violencia directa, cosa que los Chompos sí han hecho, por ejemplo, con la famosa foto de ella misma con un ojo negro y el mensaje “When el heteropatriarcado opresor te pone en tu lugar”.

El insulto que más parece haber marcado a los críticos de Sanín es el de decirle a alguien – muchos piensan que fue a Héctor Abad pero ella lo desmintió en una entrevista en la Blu Radio – que había sido “parido por el ano”. Que critique a Abad (lo llama Babad según la misma entrevista o Héctor A-Bad Writer según Twitter) es una de las cosas que más parece dolerle a mucha gente. Abad, como dije recientemente en otro texto, ha adquirido un aura de semi-dios en Colombia y que una mujer con cierto poder social, además feminista, venga a criticarlo con semejantes insultos parecería que es imperdonable. Esa fue la sensación que me dejó esa entrevista que le hicieron en la Blu Radio en la cual el periodista insistía, a pesar de que ella repetía incontables veces que no era a Abad a quién lo había dirigido, en preguntarle por qué insultaba así a Abad con el fin evidente de sacarla de casillas y “probar” que ella es “conflictiva”. Valdría la pena analizar la entrevista pues es un excelente ejemplo de cómo y por qué ésta parece concebida para dar un espacio de palabra a Sanín y acto seguido minarlo para que ella se autodestruya. La entrevista es un ejemplo más de por qué hablar como feminista y criticar al sistema, en un contexto tan hostil como el colombiano, acarrea un costo emocional enorme. Esta era la primera vez que yo oía a Sanín y la imagen que me dejó es que en realidad tiene mucha paciencia (y que el periodista que la entrevistó es un idiota profundo).

Los eventos del annus horribilis que fue 2016 para Sanín – lo de la Feria del Libro, el enfrentamiento cibernético con los Chompos y el matoneo de éstos hacia ella que se traduce en un enfrentamiento con la universidad de los Andes y culmina en su despido – epitomizan precisamente el tema que quiero tratar en este texto: cómo el antifeminismo actualmente rampante en Colombia se articula con el debate sobre la libertad de expresión defendido a capa y espada por la derecha (conservadora y liberal) y tan a la orden del día en el mundo contemporáneo.

La ola antifeminista actual no es exclusiva del contexto colombiano. Sin embargo, y a diferencia de contextos como el norteamericano y el europeo, ésta se incrusta en Colombia en estructuras sexistas que nunca han sido realmente puestas en jaque (ni siquiera medianamente sacudidas) pues, a diferencia de los contextos propiamente occidentales, el feminismo en Colombia nunca ha alcanzado una expansión suficiente para que permee los discursos cotidianos y la cultura mainstream urbana. Basta con echar un vistazo a la producción de columnas de opinión, de literatura, de cultura popular, de cine desde una perspectiva feminista para constatar la extensión de su precariedad (oxímoron intencional) en el contexto colombiano. Basta con observar cuántas mujeres comentan en Twitter Colombia que prefieren hablar de humanismo en vez de feminismo – como si las víctimas de los asesinatos de Juárez o las de violación del paramilitar Ramón Isaza fueran seleccionadas por ser humanas y no por ser mujeres – y cuán exitosos son esos comentarios. Esto implica que el backlash antifeminista emerge en Colombia con una virulencia particular.

El telón de fondo de la confrontación entre Sanín, de un lado, y los Chompos y la Universidad de los Andes, del otro, es el debate de la libertad de expresión que cobró una fuerza inusitada en el mundo occidental (en el que mal que bien la Colombia urbana se inscribe parcialmente) con los ataques a Charlie Hebdo en enero de 2015. En aquel entonces las voces liberales (y las conservadoras) de Colombia y el mundo se unieron en un coro uniforme que condonaba el matoneo cotidiano (por todos los posibles canales) a las comunidades musulmanas de la Francia contemporánea – comunidades estas provenientes de los mismos países ocupados, saqueados y doblegados por la Francia colonial, y que se han convertido en el chivo expiatorio de todos los males del país – en nombre de la libertad de expresión. Justo después de los ataques de París en enero de 2015, un chico francés de 16 años hizo una meta-sátira (una sátira de una sátira del mismo Charlie Hebdo) de los ataques y el resultado fue que lo arrestaron.

Una situación similar es lo que el caso de Sanín pone en evidencia. A los Chompos, cuyo matoneo es – como hasta Revista Semana ha reportado – clasista, sexista, racista, etcétera, la Universidad de los Andes les da carta blanca en nombre de la libertad de expresión, pero a Sanín, quien critica la violencia simbólica de los Chompos y el modelo de negocio (entre otras cosas) de la misma universidad, se le despide so-pretexto de que ella “afecta [supone uno que negativamente] la convivencia” (ver). Tal afirmación – notoria por su vaguedad y que no constituye prueba alguna – contrasta con el hecho confirmado de que la cuenta de los Chompos sí trae efectos negativos para la convivencia universitaria. Esto pone el dedo en el punto que está en juego y respecto al cuál escribí en el momento de los ataques a Charlie Hebdo en París: la falsa idea martillada por los intelectuales del corte de Abad de que la libertad de expresión es un valor absoluto y por tanto independiente de los contextos históricos, sociales, culturales, políticos y económicos en los que se define.

Lo que el caso de Sanín versus los Chompos y Andes prueba es que formular una crítica del statu quo – la violencia simbólica, el sexismo, el racismo, el clasismo, el neoliberalismo, la lógica de la rentabilidad como esquema educativo en un país donde los niveles de educación son vergonzosamente bajos – y que esto lo haga una mujer que habla duro, reclama sus derechos, grita, exagera, patalea, dice palabrotas para no dejarse aplastar, sobrepasa los límites de la libertad de expresión tal y como se entiende en la Colombia contemporánea. En contraste, la cuenta de los Chompos que perpetúa la violencia simbólica – que no sólo es violencia en sí misma sino que funciona como un mecanismo que busca (y termina por conseguir) un consenso general que legitima la violencia física, sexual, económica que sufren las mujeres (todas las clases sociales confundidas), los negros, los indígenas, los pobres, los minusválidos, los campesinos, los líderes sociales – sí tiene espacio para producirse y reproducirse sin ningún límite. En otras palabras la libertad de expresión tal y como está aceptada por consenso en la Colombia urbana contemporánea indica que los valores que hay que defender y a los cuales se les abre espacios son aquellos que perpetúan esa violencia simbólica y por ende todas las violencias. Es ésta la razón por la cuál el apogeo antifeminista va actualmente a todo vapor.

Concluyo – abruptamente, porque esta entrada ya está muy larga – con un mensaje de apoyo para Carolina Sanín (y lo extiendo a todas las feministas en Colombia, incluso a aquellas que defienden un feminismo liberal y que hacen compromisos con el patriarcado), pues enfrentar esa ola de misoginia tiene un costo emocional brutal y exige mucho coraje.

Miremos la paja en el ojo propio

Hace poco más de un año escribí una respuesta a un lamentable artículo de Héctor Abad Faciolince acerca del machismo de la maternidad. Hoy en este 8 de marzo de 2017 quiero compartir nuevamente ese artículo, no para provocar a Abad, sino para anotar que, como le dije antes a alguien que entendió un tuit que envié al respecto desde esa perspectiva, es importante llevar a cabo el debate acerca de cómo el machismo es reforzado por aquellos que viven de (les pagan por) pensar y explicar el mundo a los otros, es decir, aquellos quienes juegan el rol del “intelectual universal” en la Colombia contemporánea. Estas personas no solamente tienen el poder de formar la opinión sino que en el caso colombiano, donde los niveles de formación son considerablemente bajos (como las pruebas PISA lo han dejado muy en claro), terminan erigiéndose casi que en semi-dioses que todo lo saben y cuya palabra es prácticamente divina e irrefutable.

Abad y yo hemos tenido unas cuantas diferencias a través de Twitter y cuando respondí a su texto sobre la maternidad machista se lo envié directamente con la esperanza de que se tomara el tiempo de leer y de responderme por escrito, así yo sea un perfecto cero a la izquierda en el ámbito de la opinión pública en Colombia. Pero nunca lo hizo. Lo más probable es que no lo haya leído porque confrontarse a la crítica informada no es tarea fácil y los intelectuales, los políticos y los formadores de opinión en Colombia no quieren ser confrontados con argumentos sino que lo que buscan es un “comité de aplausos” (para usar una expresión que aprendí en Twitter Colombia y que me encanta porque encapsula perfectamente el asunto en cuestión).

Esta incapacidad de muchos y muchas (no es un problema único de los intelectuales hombres) de querer interrogar sus propias certitudes, de tomar distancia respecto a sus propios argumentos y de  aceptar la crítica para avanzar en el pensamiento es en parte alimentado por la pequeñez del círculo de letrados que domina ese espacio de producción intelectual en la Colombia contemporánea.

Invito entonces a quienes les interese, y nuevamente a Héctor Abad, a leer esa crítica mía en respuesta a su columna profundamente machista a ver si en vez de seguir viendo la paja en el ojo ajeno — como cuando tuitea “Preparando el 8 de marzo. El machismo en el deporte internacional” en vísperas de los eventos del Día Internacional de la Mujer — los intelectuales en general, y él en particular, empiezan a reflexionar acerca de cómo ellos mismos desde sus posiciones de poder perpetúan cotidianamente el machismo que salen a criticar todos los ochos de marzo.