Razones para no votar en blanco

El día de hoy pasará a la historia como aquél en el cual la ciudadanía colombiana tuvo la ocasión de escoger entre apoyar (explícita o implícitamente) el continuismo o sacudir un sistema político gangrenado por la corrupción, el crimen y la impunidad que nadie, en pleno uso de uso de sus facultades, puede decir funciona bien. Quienes defienden el voto en blanco se han quejado incansablemente de las críticas –formulaciones honestas y directas que señalan las falacias sobre las cuales se apoyan las justificaciones al voto en blanco– de parte de la ciudadanía que clama desesperadamente un cambio. Tales quejas se basan, por supuesto, en otra falacia: una crítica argumentada no es un ataque, sino que constituye el elemento clave de cualquier debate informado.

Este texto lo escribo a tres horas de apertura de las urnas en Colombia y después de haber depositado mi voto por Gustavo Petro, Angela Robledo y el proyecto de la Colombia Humana. Lo hago como un último intento para tratar de convencer a quienes tienen la intención de votar en blanco de tomar partido, pues aunque esta opción puede tener sentido en ciertos contextos verdaderamente democráticos, la evidencia que apunta a que éste no es el caso de Colombia es apabullante. Mis argumentos para no votar en blanco parten de una suposición que puede ser sacada de los resultados de la primera vuelta, la cual es incontrovertible: el voto en blanco le conviene a la campaña de Duque-Uribe-Ordóñez-Ramírez-Morales. Dicho de otro modo: un voto en blanco es un voto implícito por dicha campaña (razón por la cual los uribistas están tratando con tanto respeto y deferencia a quienes lo defienden). Veamos, entonces:

  1. Muchos creen que porque Duque es un joven con poca experiencia y bagaje político es inmaculado y, por lo tanto, su presidencia no sería tan terrible como algunos lo imaginamos. Si bien es imposible tener una bola de cristal para saber exactamente qué va a pasar una vez se posesione, sí se puede formular una hipótesis informada para determinar que las circunstancias apuntan a que quienes estamos preocupados tenemos razón. La genialidad del gesto de Uribe radica precisamente en haber elegido como su candidato a un nuevo Uribito que –a diferencia del anterior– no ha estado inmiscuido en escándalos de corrupción. La juventud y “frescura” de Duque, y el hecho de que no haya tenido tiempo de insertarse aún en las redes de poder en Colombia, le garantizan a Uribe que estará a su merced. Creer que Duque puede traicionar a Uribe porque Santos lo hizo es no tener en cuenta que Santos era un tipo con mucha experiencia y gran poder (el cual deriva de las conexiones que ha establecido en su carrera en política y del hecho de que es miembro de una de la familia más poderosas de Colombia). Otro signo que apunta a que Duque hará lo que diga Uribe es el extraordinario servilismo con el cual lo trata (una pregunta que me hago constantemente es si, una vez posesionado, Duque continuará refeririéndose a Uribe como “Presidente Eterno”).
  2. El hecho de que Ordóñez y Morales no estén teniendo un rol protagónico durante la campaña no significa que no vayan a hacer parte del gobierno de Duque. Ordóñez –Lefebvrista furioso cercano al Opus Dei que puso todas las trabas posibles a la aplicación de los cambios legislativos por los derechos reproductivos de las mujeres cuando fue Procurador– obtuvo un suficiente número de firmas (para inscribir su candidatura) y de votos (durante la elección del candidato único del partido) como para poder negociar una posición importante en el gobierno de Duque. Es ingenuo asumir que una alianza Ordóñez-Morales en el nuevo gobierno va a tener un efecto insignificativo para los derechos reproductivos de las mujeres, la educación sexual y los derechos de las minorías sexuales.
  3. Los partidos más implicados en casos probados de corrupción están todos del lado de Duque. Votar en blanco equivale a decir que esto no es suficientemente importante como para tomar posición al respecto. Si Duque-Uribe salen elegidos esto se traducirá en dar carta blanca a la corrupción (independientemente de cuántas personas hayan preferido a Petro o al voto en blanco).
  4. Como bien lo explica Rodrigo Uprimny en la columna donde anuncia su voto por Petro, los riesgos de un regreso de Uribe para el estado de derecho –más aún teniendo en cuenta las propuestas reales de su programa– son reales. Nuevamente ignorar esto es ser deliberadamente ingenuo.
  5. La situación con las pensiones es un problema serio que fue implementado por la ley 100 de Uribe. Al respecto, la propuesta de Duque-Uribe promete continuismo, mientras que la de Petro propone una reforma que tendría beneficios para las generaciones actuales de trabajadores que se jubilarán en el futuro.
  6. Un regreso de Uribe, en la forma de Duque, garantizará impunidad total respecto a uno de los crímenes más atroces cometidos por un estado en el mundo occidental: las ejecuciones extrajudiciales de miles de jóvenes pobres, mal llamados Falsos Positivos. Nuevamente, votar por esto o no hacer nada para evitar que suceda, se traduce en una minimización del valor de la vida y de los derechos ciudadanos de esos jóvenes y sus familias.
  7. La represión en un nuevo gobierno uribista puede potenciarse a límites insospechados por la simple razón que en este momento Uribe no tiene la misma legitimidad y aceptación que tuvo antes de y durante sus dos mandatos. Además, ahora tiene procesos en su contra. No se equivoquen: Uribe no sólo es adicto al poder sino que siempre ha estado motivado por una gran sed de venganza.
  8. Por más que insistan los que van a votar en blanco que la idea detrás de su opción es “hacerle oposición a cualesquiera que sea elegido”, es innegable que la oposición tendrá derecho a existir en un eventual gobierno de Petro. En uno de Duque-Uribe, por el contraro, esto no será más que una ilusión.
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Recentrar la desigualdad no es ser extremista sino progresista

A menos de una semana de la segunda vuelta es descorazonador ver a personas que han tenido acceso a la educación repetir fórmulas vacías de contenido y/o no apoyadas en la realidad que afirman que el programa de Gustavo Petro y de Ángela Robledo es “extremista”. A pesar de las interpelaciones, ninguno de los que hacen tales aseveraciones se digna explicitar a qué se refiere por “extremista” y cómo es que Petro o su programa entran en esa categoría. Tratando de entender a qué podrán referirse, lo único que se me ocurre es que el supuesto extremismo tenga que ver con el aspecto económico de su programa y, más específicamente, con el hecho de que Petro es el único político que ha puesto la desigualdad social en el centro del debate.

Cuando el economista francés Thomas Piketty apoyó a Petro a través de Twitter no tardaron en deslegitimarlo en el campo uribista desacomplejado y en el de la derecha solapada (aquella que defiende el statu quo, pero quiere posar de iluminada) porque es un economista de izquierda. Alberto Bernal, por ejemplo, y para vergüenza de muchas/os colombianas/os con un mínimo de formación y/o discernimiento y con la falta de pudor y self-awareness que lo caracteriza, escribió un texto en el que pretende “refutar a Piketty en tres minutos.” (Por fortuna, la probabilidad de que ese texto caiga en manos del francés o de algún otro economista serio de ese nivel son prácticamente nulas).

Es cierto que Piketty es uno de los pocos economistas de renombre que se ubica a la izquierda del espectro ideológico –pues la economía hace ya varias décadas ha sido dominada por la corriente de la Escuela de Chicago de Milton Friedman y Friedrich Hayek–, pero no es el único que se ha interesado en la desigualdad. En 2012 el estadounidense Alan Krueger, que no es precisamente una figura de izquierda, dio una charla titulada The Rise and Consequences of Inequality in the United States donde llega a la conclusión que la desigualdad ha sido nociva para el crecimiento económico de los Estados Unidos. Otro ejemplo es Joseph Stiglitz, primer vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial entre 1997 y 2000, premio Nobel de economía 2001, crítico del modelo neoliberal dominante y de la desigualdad social que éste ha generado y autor del libro de divulgación The Price of Inequality (2012), el cual es considerado por Thomas B. Esall como el contra-argumento más exhaustivo al neoliberalismo y a las teorías del laissez-faire.

Stiglitz no es un economista de izquierda, ya que su ataque al neoliberalismo y a los sistemas de taxación que favorecen a quienes ya son ricos (en detrimento de la gran mayoría) no derivan de un deseo suyo de darle prioridad al interés de la comunidad sobre el interés individual, sino de la necesidad de explicar los problemas económicos y sociales que derivan de la desigualdad. Incluso una revista tan abiertamente orientada al libre mercado como The Economist concluye en un reporte especial sobre la desigualdad que altos niveles de desigualdad generan ineficiencia y tienen repercusiones negativas para el crecimiento económico (Stiglitz 2013: xv). Por lo tanto, centrar el debate económico en la desigualdad no es un planteamiento “extremista” sino una idea que está informada por el trabajo académico de economistas de talla mundial ubicados en diversos puntos del espectro ideológico.

El libro The Price of Inequality debería ser lectura obligada en Colombia, ya que explica a partir de datos concretos cómo “las políticas macroeconómicas –incluyendo las políticas monetarias– han estado extensamente impregnadas por la ideología, más específicamente la ideología fundamentalista del mercado que sirve los intereses de aquellos sentados en lo alto de la pirámide y en detrimento del resto de la sociedad” (Stiglitz 2012: xxv). (Énfasis mio). Esto que Stiglitz llama “ideología fundamentalista del mercado” es lo que la ortodoxia neoliberal — que ha dominado la esfera pública en Colombia desde los noventa — quiere hacer pasar como una teoría irrefutable que deriva de una lógica cuasi-científica. Tal enfoque ha sido martillado en el contexto colombiano a tal extremo que un escritor como Héctor Abad se atreve a publicar una columna donde afirma –desde la misma ignorancia y con la misma desfachatez y falta de self-awareness que Bernal respecto a Piketty– que cuestionar el modelo dominante es equivalente a negar la redondez de la tierra (Stiglitz entraría entonces dentro de la categoría que Abad denota en tan infortunada columna como “los tierraplanistas”).

Aunque el libro en cuestión concierne principalmente a los Estados Unidos, los puntos que trata se pueden aplicar a Colombia, y al hacerlo se evidencia que la intensidad de la desigualdad en el segundo es aún peor que en el primero.

Aunque el debate sobre la desigualdad se articula alrededor de varios puntos, en esta entrada abordaré brevemente sólo dos de los que Stiglitz menciona en el prefacio a la edición de bolsillo y que son cruciales en el contexto de la actual campaña presidencial en Colombia: 1) cómo medir la desigualdad y 2) el trickle-down economics.

Respecto al primero, Stiglitz dice que hay quienes argumentan que los niveles de desigualdad pueden lucir ligeramente mejor dependiendo de cuánto se valoren los beneficios del acceso a la salud (en el contexto de los Estados Unidos, Medicare, Medicaid, o el seguro de salud ofrecido por el empleador) (xiv). Ésta es la línea argumentativa de la Heritage Foundation, un think tank poderoso republicano que se ubica tan a la derecha que incluso critica fuertemente a compañías como Amazon, American Airlines, Apple, Bank of America, Coca-Cola, Facebook, General Electric, Google, Hershey, Microsoft, Target, Twitter, y Uber por ser corporaciones que, con el fin de promover la “tolerancia” para ciertos clientes, erosionan las libertades de otros (comillas en el texto original). Este argumento tiene dos problemas según Stiglitz: 1) el aumento de la inversión en salud puede ser atribuido al incremento de los costos médicos; 2) las cifras lucirían considerablemente peor si se tomara en cuenta la cuestión de la creciente inseguridad económica de los trabajadores, la cual deriva de un mercado laboral que carece de seguridad social. Debido a la carencia absoluta de los seguros de desempleo e invalidez, a la proliferación de los trabajos temporales y a la enorme extensión del mercado informal, las cifras de desigualdad en Colombia serían entonces peor de lo que actualmente se admite.

El segundo punto fue detalladamente argumentado por E. Conard (quienes hablan francés imaginarán la gracia que me causa la ironía de que el apellido de un defensor de tal argumento sea tan similar a connard) en Unintended Consequences, un libro publicado el mismo año que The Price of Inequality (2012). De acuerdo con Stiglitz, el argumento de Conard corresponde a una nueva versión del viejo mito del trickle-down economics (economía del goteo: quienes poseen el capital dejan caer gotas de su riqueza para beneficiar a los de abajo), el cual, aunque tiene un largo pedigree, hace tiempo fue desacreditado (Stiglitz 2013: 8). El mito (tal y como lo desarrolla Conard) reza que dado que los ricos son quienes generan empleo darles más dinero a ellos garantiza la expansión del mercado laboral. La ironía de esto, continúa Stiglitz, es que el autor de Unintended Consequences, al igual que Mitt Romney (quien fuera candidato republicano en la contienda presidencial estadounidense en 2012, año de publicación de ambos libros y a quien Conard apoyaba), hace parte de una firma de capital privado con un modelo de negocios establecido el cual implica hacerse cargo de compañías, acumular deudas, “reestructurar” [comillas en el original] mediante el despido masivo y vender las propias acciones antes de que la compañía entre en banca rota (Stiglitz 2013: xvi). Contrariamente a lo que reza el mito –que la riqueza de los ricos desciende a los pobres– lo que se ve actualmente, en Estados Unidos, Europa y por supuesto Colombia, es que “la riqueza que ha ido creciendo en lo alto de la pirámide social ha sido obtenida en detrimento de quienes están abajo” (Stiglitz 2013: 8). Dicho de otro modo, y como lo prueba Stiglitz, mientras el “trickle-down econonomics” no funciona, el “trickle-up economics” sí que lo hace” (Stiglitz 2013: 9). Por supuesto, este mito ha constituido la piedra angular de los programas económicos de los presidentes que se han sucedido en Colombia y es el punto central de la propuesta económica de Uribe-Duque-Ordóñez-Ramírez-Morales.

Es cierto que para la mayoría de la gente –en un país tan a la derecha como Colombia– resulta difícil deshacerse de largos decenios de propaganda anti-izquierda (intensificada de manera brutal durante la actual campaña presidencial) en tan poco tiempo. Sin embargo, quisiera terminar este texto apelando de nuevo a aquellas personas que han tenido el “privilegio” de la educación y/o que tienen capacidad de discernimiento para que no se dejen manipular más por la campaña sucia anti-Petro actual, la cual se ha apoyado en mentiras y tergiversaciones para generar desazón y miedo respecto al programa de gobierno de la Colombia Humana. Como el trabajo de Stiglitz lo prueba, poner la desigualdad en el centro del debate político y económico no es un gesto del “extremismo de izquierda”, sino una de las preocupaciones más importantes de la actualidad. Quienes defienden el modelo económico retrógrado del trickle-down economics (cuya continuación garantiza la perpetuación de la polarización social, la cual tiene efectos negativos sobre la calidad de vida de la sociedad en su totalidad) son los mismos que se han beneficiado siempre de éste. No lo digo yo, sino uno de los más reputados economistas del mundo, Doctor en Economía del muy prestigioso MIT y Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz.

 

  • Stiglitz, Joseph E. (2013) (edición de bolsillo). The Price of Inequality. London: Penguin.

Saldré del abstencionismo y votaré por la “Colombia Humana”

Llevo una semana dándole vueltas al asunto pero la decisión está tomada: el domingo 27 de mayo de 2018 saldré de mi abstencionismo y votaré por Gustavo Petro. Quienes me siguen por Twitter sabrán que no ejerzo el derecho al voto en Colombia porque considero – y la evidencia que apunta a que tengo razón es abundante hasta el hastío – que la “democracia” allí, además de limitarse a participación electoral, es una fachada que ha permitido al estado colombiano cometer crímenes atroces que siempre han quedado en la impunidad.

Mi asqueo con el proceso electoral en Colombia empezó aquel domingo en mayo de 1994 cuando, recién llegada a la mayoría de edad, voté por Ernesto Samper Pizano a la presidencia. Esa noche, viendo las noticias justo cuando se anunciaba su triunfo, presencié un acto abyecto que me hizo comprender la extensión del patetismo de la clase política tradicional colombiana: la pataleta en vivo y en directo en la televisión nacional de Andrés Pastrana, quien lloraba de manera inconsolable (cual muchachito malcriado) porque había perdido la contienda y él “¡quería ser presidente como su papá!” (probablemente esas no fueron sus palabras textuales, pero ese es el mensaje que recuerdo). Acto seguido entregaba un cassette que, decía él, acababa de recibir anónimamente y en el que se denunciaba a la campaña de Ernesto Samper de haber recibido dineros del narcotráfico. Yo no sabía (y aún no lo sé) si las acusaciones eran ciertas o falsas, sólo sabía que hasta muy recientemente en aquel entonces, Pablo Escobar había sido uno de los queridos del establecimiento. También sabía, porque soy de Medellín y allí vivía en ese momento, que el narcotráfico había permeado todas las esferas de las sociedad colombiana. Si el dinero del narcotráfico había construido urbanizaciones, restaurantes y centros comerciales, me preguntaba, ¿qué de raro tiene qué haya infiltrado una campaña presidencial?

En 1998 decidí no votar, pues le había perdido totalmente el respeto a un sistema político donde un presidente electo no tiene “responsabilidad política” frente a lo que pasa en su campaña y un homúnculo del nivel moral, ético e intelectual de Andrés Pastrana era referente político, jefe de partido y, además, nuevamente candidato a la presidencia. En ese tiempo hacía mis estudios en EAFIT y mis compañeras decían todas que iban a votar por Pastrana porque era un “papasito” y ya era hora de tener a un tipo de buena pinta como jefe de estado. En el 2002 decidí inscribir la cédula porque la idea de que Álvaro Uribe – a quien conocía por su rol en la gobernación de Antioquia y por las Convivir – llegara a la presidencia me aterrorizó. Si bien yo ya no vivía en Colombia, muchos de mis seres queridos sí vivían allí. Inscribí entonces la cédula en el lugar que correspondía y, aunque en aquella ocasión no pude votar por razones ajenas a mi voluntad, la cédula sigue allí inscrita.

No tengo que enumerar las múltiples maneras en las cuales los ochos años que pasó Uribe a la cabeza del estado y el continuismo de muchas de sus políticas durante los ocho años de su sucesor, Juan Manuel Santos (y no, no creo en la paz de un presidente que ha observado impávido la exterminación de los líderes sociales desestimándola como “casos no sistemáticos” que son producto de “líos de faldas”), minaron aún más una democracia que jamás ha existido. Desde hace mucho tiempo entiendo la participación en los procesos electorales en Colombia como un acto de legitimación de un régimen cuasi-dinástico, cleptocrático y asesino (de los más pobres y los más vulnerables) que se ha perpetuado en el poder a punta de propaganda, trampa y alianzas tenebrosas.

Pero esta vez voy a votar, lo cual no significa que me hago esperanzas. Lo más probable es que Petro no gane, ya sea porque finalmente el respaldo no está, o porque la maquinaria de Vargas Lleras se pone en marcha y contra ese monstruo nadie puede, o porque la Registraduría se roba las elecciones. En la situación hipotética de que ganara, la institucionalidad en pleno con la ayuda de la élite colombiana y de los medios masivos de comunicación se darán a la tarea minuciosa de ponerle todos los palos en las ruedas que les sea posible. Así como cuando fue alcalde de Bogotá. El éxito de tal estrategia fue tan contundente en aquella ocasión que lograron convencer a la ciudadanía (a la que vota, porque la tasa de participación fue muy baja) de reelegir a Enrique Peñalosa, el mismo individuo que ya en su primer mandato les había metido un sistema de buses en lugar de un metro y quien actualmente está empeñado (en contra de la voluntad ciudadana y muy seguramente para garantizar el crecimiento de capital de ciertos inversores) en convertir a Bogotá en el peor hueco urbano del Sur Global: máxima contaminación, máxima proliferación de cemento, más buses, más trancones, más polarización social, más tiempo de commuting para los trabajadores, menos árboles, etc. También es posible – y me perdonará el señor Gustavo Petro y su familia por ser así de directa – que lo maten. Todos sabemos que tal escenario no es irrealizable en Colombia.

Mi cambio de posición – del abstencionismo como acto político de protesta a la participación electoral – tomó forma la semana pasada a partir de tres cosas que vi por Twitter. Curiosamente, la decisión final llegó leyendo un artículo en la Revista Semana (!) acerca de la multitudinaria presencia popular en la Plaza de Bolívar la noche del 17 de mayo donde Petro se presentó para hacer su último discurso. El artículo en cuestión es el primero que leo en dicha revista que reporte acerca de Petro sin la saña habitual. Por supuesto, su autor no pudo reprimir el deseo de mencionar una de las falacias argumentativas más martilladas de la campaña, el tal poder polarizador de Petro: “En los discursos de Petro […] no hay un mundo solo en blanco o solo en negro”, escribe, y no hace falta entrar en detalles sobre los problemas lógicos de tal premisa. Como si la polarización social de clases existente en Colombia fuera fruto de la retórica petrista en vez de una realidad innegable: el World Inequality Report, por ejemplo, encuentra que aunque la desigualdad en América Latina disminuyó ligeramente, en Colombia y en Brasil ésta sigue siendo stubbornly high.

En realidad no es Petro quien me convenció y, aunque es su nombre el que marcaré en el tarjetón, no es sólo por él por quien votaré. Por supuesto, Petro es el único en la contienda con quien puedo identificarme ideológicamente. Como lo explica claramente Iván Olano Duque en este hilo, durante su gestión en Bogotá — y a diferencia de la clase política que ha reinado en Colombia — Petro trabajó por “la niñez, los trabajadores, los ciudadanos de a pie” en lugar de estar “al servicio de los intereses económicos de contratistas amigos, las petroleras y fabricante de buses, la banca y los fondos buitre”. Muchos que han trabajado con él dicen que es un ser de una arrogancia insufrible y les creo, pero matizo: esa arrogancia le ha permitido pasar por encima de los incesantes ataques de la clase política, la élite y los medios colombianos, muchos de los cuales se han articulado alrededor de sus orígenes sociales. Además tal arrogancia no es característica única y exclusiva suya, como bien lo han demostrado hasta la saciedad los integrantes de la Coalición Colombia. A diferencia de todos los otros candidatos, a Gustavo Petro se le exige absoluta perfección (algo que, en mi trabajo académico, leo a partir de la hipótesis que la afiliación política opera en Colombia como una variante social equiparable a la raza, el género, la sexualidad, la clase social).

Sin pretender desestimar su carisma, más que por Petro votaré por la esperanza que parece motivar a todos aquellos quienes han decidido organizarse de manera voluntaria para sacar la campaña de la “Colombia Humana” adelante. La Revista Semana reporta que estos voluntarios son, entre otros, “líderes sociales, hip hopers, barristas, animalistas e indígenas.” En efecto, a diferencia de los otros candidatos, quienes representan ligeramente diferentes sabores del Establecimiento, la “Colombia Humana” parece estar siendo apoyada por sectores populares y diversos, incluyendo — y de nuevo de acuerdo con Semana — “la guardia indígena de los Nasa”, el “Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais)”, “73 familias embera chamí y embera katíos”, entre otros. En el evento del 17 de mayo también participó “Totó la Momposina” (no es necesario enfatizar el contraste entre ella y Silvestre Dangond). Para alguien con mis preocupaciones políticas, esto debería ser suficiente. Sin embargo, la “Colombia Humana” ofrece más. Por ejemplo, una vicepresidenta de la talla de Ángela Robledo y un enfoque ambiental que consistentemente se ha opuesto a la catástrofe absoluta que es el Fracking. Sin embargo, el detalle crucial que más peso tiene para mí es que Gustavo Petro es el único de quienes están en la contienda que dice sin ambages lo que siempre he pensado y que creo es vital para poder empezar a escribir la historia de Colombia de otra manera: Álvaro Uribe “[encarna] lo más corrupto de la clase política” colombiana. Como lo dije anteriormente por Twitter, tal vez en Colombia se esté ad portas de un momento histórico que abrirá la posibilidad de romper finalmente el ciclo maldito de violencia, miseria e impunidad que se ha perpetuado más allá de lo que es tolerable. Y tal vez mi voto pueda contribuir a que esto ocurra.

Traducción: La desigualdad está siendo cuestionada, pero ¿en qué consiste entonces la equidad?

Artículo de Jo Littler* traducido con autorización de The Guardian. Puede leer la versión original aquí.

 

Resaltar las desigualdades fue un tema recurrente en 2017: desde las denuncias #MeToo acerca del sexismo sistemático más allá de Hollywood, a la presidenta del FMI  [Fondo Monetario Internacional] quien dio señal de alerta por el aumento creciente de la desigualdad económica global, pasando por las imágenes incendiarias del movimiento Black Lives Matter.

¿Pero cómo debería tal indignación ser expandida para imaginar y crear una verdadera equidad este año? Suele ser más difícil responder esta pregunta que señalar ejemplos específicos de desigualdad.

Durante las últimas décadas las narrativas más influyentes sobre qué es la equidad han sido creadas por la derecha política. La equidad, se nos ha dicho incesantemente, significa máxima movilidad social y “meritocracia”, es decir, una sociedad donde se trabaja duro para liberar nuestro potencial y subir por la escalera del éxito.

Esta idea de igualdad de oportunidad ha saturado la cultura popular desde los años ochenta, desde novelas en las cuales jóvenes empleadas domésticas trabajan duro hasta convertirse en propietarias de centros comerciales, hasta empresarios ambiciosos que enseñan despectivamente las reglas de los negocios en shows de tele-realidad, pasando por los shows de talento cubiertos de lentejuelas que venden el sueño de que cualquiera puede hacerlo. Tal vez los formatos hayan cambiado, pero las historias de base siguen siendo las mismas.

En el mundo de la experiencia vivida, sin embargo, las cosas son de alguna manera diferentes. Donald Trump está supervisando un plan que trasladará 200 billones de dólares de las familias a las corporaciones. El Reporte Mundial de Desigualdad producido por Thomas Piketty y sus colegas acaba de revelar que el 0.1% de las personas más ricas del mundo ha adquirido una riqueza, de la creada globalmente desde la década de los ochenta, equivalente a la adquirida por la mitad de la población adulta mundial.

En el Reino Unido la comisión de movilidad social del gobierno dimitió en bloque. “No existe actualmente una estrategia general para abordar las diferencias sociales, económicas y regionales que afronta el país”, declaró el Reporte del Estado de la Nación sobre la Movilidad Social de 2017, el cual fue publicado al mismo tiempo que los ministros de la comisión dejaban su función. Este reporte llamó la atención sobre las geografías de privilegio extraordinariamente desiguales, un declive severo en movilidad social intergeneracional, la baja financiación de los pueblos costeros, las redes de transporte diezmadas y las escasas posibilidades para los/las niños/as que crecen en “puntos fríos de movilidad social”.

En filosofía política, la igualdad de oportunidades es una formulación de la derecha que se opone a la igualdad de resultados, la cual es una formulación de la izquierda. Su mantra de la meritocracia es usado para convencernos de que la movilidad social hacia arriba es responsabilidad nuestra como individuos y que siempre y cuando empecemos a partir de igualdad de condiciones, las profundas desigualdades de riqueza son aceptables. Más aún, éstas pueden ser un incentivo para el crecimiento.

El problema, por supuesto, es que tal formulación es una tautología pues ¿cómo podemos partir de igualdad de condiciones en una sociedad donde existen profundas diferencias de riqueza? Esto no es sólo imposible, sino que asumirlo constituye un absurdo. Sin embargo, la idea de que es posible ha sido tan generosamente financiada y promovida que actualmente se acepta como un hecho. Un conjunto selecto de ejemplos de movilidad social son enfatizados para hacerlos pasar como la norma social, mientras que las posibilidades económicas de la mayoría de la gente (las cuales tienen implicaciones en sus opciones de vida) van en caída libre. Incluso el Guardian no es inmune a la promoción de estos ideales combinados, publicando recientemente un artículo donde se argumenta que los vice-chancellors universitarios bien se merecen sus estratosféricos salarios.

La igualdad de oportunidades es poderosa (como idea) porque apela a nuestro sentido de esperanza, oportunidad y posibilidad y, simultáneamente, crea las condiciones para que sea imposible (como realidad). Esto es lo que la teórica cultural Lauren Berlant denomina como “optimismo cruel”. En años recientes, una industria integral de movilidad social ha sido construida para fomentar esta esperanza al mismo tiempo que se trabaja contra la posibilidad misma de su realización en el plano material. Foxtons – agente inmobiliario de las élites de Islington y Kensignton [dos zonas de Londres] – acaba de convertirse en el patrocinador orgulloso de los Premios de Movilidad Social en el Reino Unido.

La igualdad de oportunidades suena como equidad pero no lo es. La igualdad de resultados, en cambio, sí lo es. Interesada en los recursos económicos y materiales que la gente alcanza en el transcurso de la vida, el concepto ha perdido la batalla de la opinión pública durante las décadas pasadas. Ha llegado entonces el momento de revivirlo y así contrastar la idea abstracta de “oportunidades posibles” con la cruda realidad de a dónde llegan y qué obtienen las personas.

Una sociedad más equitativa sería una sociedad donde todas las personas tienen albergue, acceso a los servicios de salud, educación, alimentación , trabajo y tiempo para el descanso. Una sociedad donde no hay discriminación en función de la identidad, ni del sexo, ni del color de la piel. Una sociedad en la cual exista un sistema de “lujo público y suficiencia privada“, i.e, un sistema de bibliotecas, galerías y parques que sean espacios en los cuales todo el mundo puede participar. Este tipo de sociedad requeriría enfatizar objetivos equitativos y limitar drásticamente el poder corporativo y los salarios excesivamente altos. Implicaría acatar la demanda por los servicios públicos universales. Significaría darle prioridad al cambio climático puesto que es algo que afecta a todo el mundo.

Hay algo en la acusación de que la igualdad de resultados puede sonar como una solución final y autoritaria, mientras que la igualdad de oportunidad da la impresión, al menos, de poder crecer y florecer. Abordar este problema nos conduce a la esencia misma de cómo la equidad debería ser percibida: para que la equidad sea tentadora y verdaderamente democrática, se requiere primero profundizar la democracia misma.

Esto demandaría, por ejemplo, que haya partidos políticos donde el nivel local tiene un peso político en contraste con los “cascos vacíos” que dejaron en este sentido tanto el Blairismo como el Clintonismo (lo que Peter Mair designó como una “democracia sin partidos”). Significaría involucrar a los/as trabajadores/as en los planes para salir de los combustibles fósiles y entrar hacia las energías verdes, de la misma manera como los/as trabajadores/as manuales crearon propuestas para tipos de manufactura socialmente útiles en los años setenta cuando la compañía Lucas Aerospace se estaba cerrando. Significaría dejar de utilizar el sistema de vías férreas, de salud y de educación como espacios para que las corporaciones hagan sus beneficios.

También significaría tomar en cuenta las lecciones de coproducción, i.e., involucrar seriamente a los usuarios de las instituciones públicas (tales como hospitales y escuelas), en lugar de perpetuar los gestos de consulta artificiales que son sintomáticos de un servicio corporativo al cliente.

Hay innumerables ejemplos innovadores de democracia participativa sobre los cuales se puede construir – incluyendo la onda de revitalización de los gobiernos locales del “nuevo municipalismo”, tales como la plataforma ciudadana Barcelona en Comú (Barcelona en común). En el Reino Unido, la democratización de la membresía al partido laborista y la energización de las bases han sido enormemente influyentes en cautivar e involucrar el voto joven (la última elección general tuvo la tasa de participación joven más alta en los últimos 25 años). El feminismo hashtag de #MeToo empezó como un movimiento de bases en los Estados Unidos para ayudar a sobrevivientes de abuso sexual en comunidades marginales que no cuentan con centros de apoyo para víctimas de violación. En Mississippi, Cooperation Jackson está construyendo, a partir del movimiento Black Lives Matter y a través de su “economía solidaria”, una red local de sitios co-operativos incluyendo almacenes, un centro educativo y un banco.

En muchos aspectos la equidad es un tema complejo porque las vidas e identidades de la gente son infinitamente variadas, pero de otra manera también se trata de algo simple: la desigualdad, la discriminación y el autoritarismo son repulsivos.

En 2018 necesitamos alejarnos de las mentiras trilladas de la “igualdad de oportunidades”, la “meritocracia” y la “movilidad social”. Debemos trabajar más por la equidad en términos de resultados reales, mientras abrimos nuestras imaginaciones políticas a nuevas y más diversas formas de participación democrática.

*Dr Jo Littler es docence e investigadora en el Departamento de Sociología de City, Universidad de Londres. Su libro Against Meritocracy: Culture, Power and Myths of Mobility (Routledge) fue publicado en 2017.

Plagio, la cultura del “quién es quién”, y el feminismo como herramienta para la ventaja individual

Llevo un par de años evitando referirme al feminismo de Catalina Ruiz-Navarro y de lo que, considero, es su monopolio del discurso feminista en Colombia. Alguna vez, leyendo un artículo suyo sobre un espectáculo de Beyoncé, osé decirle por Twitter que estaba en desacuerdo con su análisis y lo que pudo haber sido una discusión fructífera se convirtió en una pelea. En vez de tomarme como interlocutora válida y aceptar entablar conmigo un debate acerca de Beyoncé en tanto que evento mediático, cultural y político global desde perspectivas distintas, Ruiz-Navarro prefirió recurrir al ataque. Si bien el episodio me dejó cierto sinsabor – no sólo fue altanera y arrogante sino que me trató como si yo no tuviera el nivel para debatir con ella – e innumerables ocasiones se me han presentado para cuestionar su trabajo como crítica feminista de divulgación, preferí tomar un camino que raras veces tomo: no escribir al respecto.

Mi reticencia se debe no a que no tenga nada qué decir (más bien lo contrario), sino que en el clima político-cultural actual había decidido darle prioridad a la “solidaridad feminista”: por muy flojos que me parezcan sus argumentos y aunque defienda un feminismo al cual me opongo, lo último que una colega feminista necesita – más aún en Colombia donde actualmente cunde un anti-feminismo exacerbado que vino a incrustarse por encima de una misoginia histórica jamás desestabilizada – es tener además que defenderse de otras feministas. El feminismo, tanto el académico como el activista, trae consigo enormes costos emocionales para las mujeres que decidimos así definirnos y hasta ahora había preferido evitar contribuir a la carga que Ruiz-Navarro debe llevar en su triple rol de mujer, figura pública y activista feminista en el contexto colombiano. Sin embargo, el escándalo reciente respecto a una acusación de plagio en su contra y la manera como ella y Fidel Cano han articulado su defensa no me deja otra salida que poner la sororidad de lado y escribir al respecto. A diferencia de Ruiz-Navarro yo no funjo como intelectual pública en Colombia, pero soy feminista y académica y el caso concierne estas dos áreas que son para mí cruciales.

El escándalo se origina en agosto de 2017 a partir de la aparición en un portal de un reporte detallado acerca de las numerosas copias de fragmentos enteros no referenciados de textos de terceros en la tesina de Catalina Ruiz-Navarro defendida en la Pontificia Universidad Javeriana en 2008 para la obtención del grado de Licenciada en Filosofía. Si bien el sitio es uno cuyos miembros son anónimos y cuya misión, la procedencia de sus fondos y el procedimiento para escoger los casos son completamente oscuros (lo cuál deja mucho que desear respecto a lo que la ética concierne), el reporte está muy bien documentado y la acusación es válida. Durante un buen tiempo Ruiz-Navarro hizo caso omiso de las acusaciones, pero el 24 de noviembre decidió finalmente abordar el asunto en su cuenta de Facebook. Su defensa está construida (aunque de manera desorganizada) alrededor de tres ejes: primero, un contra-ataque al sitio por su anonimidad y falta de transparencia; segundo, una justificación lamentable estructurada en torno a la afirmación que la idea principal de su tesina no fue copiada y que evidentemente un marco teórico es “un espacio que, por definición, recoge las ideas de otros autores para construir eso; un marco teórico”; y tercero, la velada sugerencia que la razón de la persecución es su condición de mujer y que el portal en cuestión tendría motivaciones misóginas pues “ya había lanzado acusaciones falsas de plagio contra otra estudiante de la facultad de filosofía de la universidad Javeriana de Bogotá, casualmente, una tesis [sic] que también tuvo tutora mujer y jurados mujeres”.

El problema central y más evidente de la defensa de Ruiz-Navarro es que a pesar del anonimato y las motivaciones de las personas detrás del sitio en cuestión, las acusaciones de plagio que conciernen su tesina no son falsas ni sin fundamento como ella descaradamente afirma. Mario Jursich Durán hace un resumen abrumador de las acusaciones en su muro de Facebook: el portal detectó 53 “duplicaciones textuales” – sin comillas, ni referencias de ningún tipo – en la tesina de Ruiz-Navarro. La intervención de Jursich Durán en el affaire empuja – lo que apunta a que la cuestión de la legitimidad del sujeto hablante es central en el asunto y lo agrava – a Fidel Cano, actual director de El Espectador que es el periódico del cuál Ruiz-Navarro es columnista y la plataforma en la cual ella ha hecho su reputación, a pronunciarse sobre el caso en un video corto de la sección “La redacción al desnudo” publicado el 4 de diciembre. En este video, Cano responde a las preguntas de algunos lectores de quitarle los espacios de opinión a Ruiz-Navarro tanto en El Espectador como en Cromos con la negativa, argumentando que el “plagio” se dio en un contexto universitario hace mucho tiempo y que es más bien responsabilidad de la universidad en cuestión de discutir sobre qué hacer al respecto. Cano aborda una acusación suplementaria y más reciente de Halim Badawi – quien afirma que Ruiz-Navarro se habría apropiado (también) de ideas y frases de un texto suyo publicado en Arcadia y de otro de Luis Izquiel publicado en El Universal – pero lo hace para desestimar dicha acusación cerrando la discusión mediante una retórica que tergiversa los hechos. Cano termina su intervención anotando que el “inusitado interés en [las] ligerezas universitarias” de Ruiz-Navarro tal vez se origine en el hecho de que a muchos les molesta lo que ella tenga que decir.

Finalmente el 5 de diciembre la revista Arcadia le abre un espacio a la columnista para que responda a las acusaciones y ella en lugar de aprovechar esta ocasión para hacer acto de contrición decide insistir en desviar el foco hacia el proceder y la legitimidad de PlagioS.O.S, sugiriendo una vez más que sus motivaciones son misóginas. A la pregunta de Arcadia de por qué en su tesina hay varios fragmentos de textos de terceros que aparecen sin citación ella responde que aunque ésta contiene “unas fallas -muchas- de citación” eso en ningún momento constituye un plagio, el cual según ella es el “rob[o de] la obra de otra persona [para] presentarla como propia”.

El affaire Catalina Ruiz-Navarro se ha desplegado de tal manera que se convierte en un caso ejemplar para abordar tres temas conectados entre sí que considero menester abordar. El primero concierne la noción misma de plagio – en general y en este caso particular – y su relación con la cultura de la trampa y de la corrupción que impera en Colombia. El segundo – que se deriva de la manera como el plagio de Ruiz-Navarro es maquillado por ella misma y por Cano como meras “fallas de citación” u “omisiones” – concierne cómo en Colombia la gravedad de un hecho depende de sobre quién recaiga la culpa o quién sea la víctima. El tercero es el entendimiento y uso del feminismo por parte de Catalina Ruiz-Navarro como estrategia para el triunfo individual y la consecuente utilización del anti-feminismo – por parte de ella y tangencialmente por parte de Fidel Cano – como teflón ante la crítica.

Presento aquí dos definiciones de plagio de dos instituciones – la Universidad de Lausanne y la London School of Economics (LSE) – en contextos lingüísticos, culturales y de tradición académica distintas – la Suiza francófona y el Reino Unido – para dar evidencia de que lo que Ruiz-Navarro hizo en su tesina y en el artículo cuestionado por Halim Badawi sí constituye un plagio y no una simple “falla de citación” o una “omisión”.* La primera define plagio como “tomar una parte – incluso de manera puntual, parcial o reformulada – de un texto escrito por otra persona haciéndolo pasar por propio y sin indicar la fuente”, mientras que la segunda lo define de manera más general como “hacer pasar el trabajo de otros como propio”. Esta segunda definición más general es la que Ruiz-Navarro utiliza – absurdamente o ¿quizás disingenuously? – para defenderse, como si las ideas, asociaciones de conceptos y la prosa misma no constituyeran trabajo o fueran menos relevantes que el argumento general desarrollado en un texto sea éste una tesina para obtener un grado universitario o una columna de opinión en un periódico de distribución nacional para hacerse una reputación. La LSE, por supuesto, elabora más su definición general respecto al plagio y especifica:

“Las citaciones textuales deben ser puestas dentro de comillas o indentadas y deben ir completamente referenciadas. Todo material parafraseado debe ser reconocido como tal. La infracción de este requerimiento, de manera deliberada o no, o hacer pasar el trabajo de otros como [propio], de manera deliberada o no, constituye un plagio”

Dirán tal vez Ruiz-Navarro y Cano que esto funciona así en el contexto académico de la Europa actual más no en el de la Colombia del 2008 y entonces vale la pena traer a colación mi propia experiencia de docente de cátedra en la EAFIT de principios del 2000 donde tuve que poner un par de ceros a dos estudiantes que hicieron copy-paste de un texto que encontraron en internet en la parte introductoria del trabajo que debían someter. Mi intuición respecto a un claro plagio y el hecho de que pude poner dos ceros en aquella época en Colombia indican que la idea no es tan foránea en tal contexto. Por supuesto cierta parte de la responsabilidad del plagio de la tesina de Ruiz-Navarro recae en la supervisora del trabajo, en el jurado de sustentación y en la institución misma, y es quizás ésta la razón por la cual la Pontificia Universidad Javeriana no quiere entrar en materia. Sería además absurdo y un poco cínico que una universidad viniera a quitar un título casi diez años después de otorgado porque otros hicieron el trabajo que sus propios profesores no hicieron en aquel momento.

Sin embargo, la gravedad del plagio de aquel entonces, pero más aún el más reciente de 2014 del que la acusa Halim Badawi, reside en el hecho de que Catalina Ruiz-Navarro no se dedica a detectar enfermedades oculares, ni es chef, ni enfermera, ni ingeniera de obras. Ruiz-Navarro se ha hecho una reputación a través de la escritura, una actividad profesional que requiere no sólo un trabajo preliminar de investigación sino ideas y asociaciones originales, creatividad en el uso del lenguaje y calidad en la prosa. Badawi ofrece detalles de su caso en su cuenta de Facebook que merecen discusión, más aún cuando el director de El Espectador desestima su queja afirmando que en este caso preciso sí “hubo una omisión […] una falla” pero que “una omisión es muy diferente a un plagio”. Dice Badawi que su texto titulado “Censura artística en el Museo Santa Clara” – el cual publicó Arcadia el 19 de septiembre de 2014 – fue escrito a partir “de una serie de entrevistas que [él mismo hizo] a la directora del Museo Santa Clara, Constanza Toquica, a la artista María Eugenia Trujillo, censurada por el grupo Voto Católico, y al curador de la exposición, el historiador Álvaro Medina”. Afirma, además, que la “investigación tomó quince días de trabajo” y su implicación personal fue tal que incluso participó “en una marcha por la libertad del arte que se hizo en las puertas del museo”. Al día siguiente – el 20 de septiembre de 2014 – Ruiz-Navarro publica el texto titulado “Vaginas” cuyo primer párrafo es una versión abreviada de un párrafo del texto de Badawi. La copia textual es indudable, sin embargo el asunto no se reduce sólo a la apropiación del vocabulario, de la redacción y de la prosa – lo que constituye en sí mismo un plagio – sino que incluye la apropiación de la idea misma de escribir acerca de ese tema y de todo el trabajo de quince días – visitas, entrevistas, transcripciones, etc – que Badawi hizo para poder producir su texto.

Ahora, este caso sale a la luz pública porque la acusada tuvo la desfachatez de plagiar un texto que acababa de ser publicado en una revista que, aunque no tiene el mismo impacto que El Espectador, se produce y circula en Colombia. La pregunta evidente que salta a la vista es entonces: ¿cuántas veces ha incurrido Catalina Ruiz-Navarro en plagio – de textos escritos en otras lenguas o producidos y circulados en otros contextos – en sus columnas? Ya Elsy Rosas Crespo la había acusado de haber traducido un texto escrito por otra persona en inglés y de haberlo hecho pasar como propio. No recuerdo los detalles del caso, pero creo que la cosa llegó al punto de que Ruiz-Navarro tuvo que excusarse. En las respuestas que da a  Arcadia, sin embargo, termina nuevamente por desestimar el peso de esa vieja acusación diciendo, sin presentar prueba alguna, que la autora del texto supuestamente traducido no le dio importancia al asunto.

Que un señor del estatus social y de la reputación periodística de Fidel Cano desestime el affaire Ruiz-Navarro describiéndolo como una “falla” por “omisión” constituye, en el mejor de los casos, un maquillaje de los hechos, y en el peor, una burda tergiversación. Lo que esto prueba sin lugar a dudas es que la cultura de la trampa en Colombia cunde. También prueba algo más y que constituye mi segundo punto: que la gravedad de un hecho en este país dependerá de “quién” es el acusado y/o de “quién” es la víctima. Cabe preguntarse qué habría pasado si la persona acusada de plagio no tuviera el estatus social de Ruiz-Navarro. Esta pregunta puede responderse hipotéticamente haciendo una analogía muy pertinente en el contexto actual que han hecho varias personas por Twitter: ¿qué habría pasado si quien hubiera mentido sobre su formación académica durante décadas hubiera sido Gustavo Petro y no Enrique Peñalosa? Plagiar textos y mentir sobre la propia formación académica para adquirir una reputación que tiene efectos reales en las propias opciones laborales, en detrimento de las opciones laborales de los otros, es una forma de corrupción y minimizar o hacer caso omiso de esos actos porque quien los comete hace parte de un cierto grupo social o tiene un cierto peso contribuye a perpetuar la dinámica de república bananera dominante en Colombia.

Esto conduce a mi último punto que concierne la cuestión del feminismo de Catalina Ruiz-Navarro – un feminismo que pone el interés individual por delante del interés colectivo – y el cual constituye la razón principal por la cual decidí dejar de lado mi solidaridad feminista para con ella y escribir al respecto: en su afán por llegar a – y mantenerse en – la posición dominante en lo que respecta el discurso feminista que en este momento ocupa en Colombia (y en América Latina, porque su posicionamiento hace rato rebaso las fronteras nacionales), Ruiz-Navarro, por un lado, se ha servido de las mismas estrategias de apropiación del conocimiento en contra de las cuales el feminismo académico ha luchado; y, por otro, provee de materia prima a un anti-feminismo que se nutre del argumento de que el feminismo es puro activismo pasional y no requiere rigor al tiempo que deslegitima los verdaderos ataques a feministas que sí surgen de y proliferan gracias al activismo anti-feminista en ascendencia vertiginosa en Colombia y el mundo contemporáneos, como el caso Carolina Sanín, sobre el cual ya escribí en el pasado, bien lo prueba. Las acusaciones y críticas a Catalina Ruiz-Navarro en este caso son fundamentadas y no derivan de ninguna animadversión anti-feminista. Usar tal excusa es ruin y apunta a que tal vez lo que interesa a Ruiz-Navarro no es tanto la lucha feminista sino cómo los individuos – en este caso ella misma – pueden servirse del feminismo para valorizarse y/o defenderse a sí mismos. (Acerca de esto podría escribir una entrada completa analizando sus columnas y argumentos, pero lo dejo para otro día).

Es gracias al feminismo que Ruiz-Navarro se ha posicionado como figura pública y como  formadora de opinión en Colombia. Más aún, en el contexto específico colombiano, Ruiz-Navarro es una referencia principal respecto al discurso feminista a tal punto que en muchas discusiones en las redes sociales – hablo de Twitter Colombia en particular, porque Facebook no tengo – se habla de su feminismo como si fuera “El feminismo”. Sin embargo, Ruiz-Navarro no ha tenido ningún problema en incurrir en prácticas deshonestas que van en contra de la deontología feminista para avanzar su propia carrera profesional. Una de las peleas centrales de la teoría feminista desde sus inicios concierne precisamente la relación poder-conocimiento: Ruiz-Navarro tiene actualmente un gran poder respecto al conocimiento feminista en Colombia – un poder que ha adquirido en parte gracias al plagio – y es por esta razón que es ella – y no otra de las tantas feministas brillantes que hay en Colombia, que sí son rigurosas y que sí tienen ética profesional – quien es invitada a dar charlas TED sobre feminismo.

Fidel Cano cierra la defensa de la columnista diciendo que ella “está en El Espectador no porque sea una académica tremendamente rigurosa o algo así sino porque su opinión la consideramos muy valiosa en el debate público nacional (.) es una voz de mujer activista feminista moderna (.) frentera además (.) que es importante que exista”. Cano tiene razón cuando afirma que Ruiz-Navarro no es ni académica – una académica es alguien que ejerce profesionalmente en una universidad como docente e investigadora – ni rigurosa, y aunque es loable que defienda el espacio de palabra de una activista feminista, valdría la pena especular sobre las razones por las cuales el director de un periódico masivo en un país de tradición conservadora considera importante mantener el espacio de expresión a la voz de una “feminista moderna”. Ya Vivian Martínez Díaz hizo un hilo de tuits muy bueno y al que plenamente adhiero en el cual aborda este tema.

Yo quisiera, sin embargo, darle el beneficio de la duda a Fidel Cano y sugerirle – no a modo retórico ni con sarcasmo, sino de forma genuina – que si de verdad le parece importante que las voces feministas puedan expresarse porque no aprovecha entonces esta coyuntura para invitar a otras activistas y académicas rigurosas feministas a escribir en El Espectador. Esta sería una forma ideal de fracturar el monopolio del discurso feminista por parte de Catalina Ruiz-Navarro, tal vez reemplazándolo por una conversación, y de compensar por la excesiva ligereza con la que decidió tratar el caso. Fidel Cano tiene los medios – en el sentido literal y figurado – y el poder de transformar un evento lamentable en una acción transformadora para beneficio del “debate público nacional” que tanto le interesa.

* Traducciones propias.

Nota: Quiero agradecer a Jorge Mario (@jeinzu) quien me proporcionó acceso a la información de Facebook referenciada.

La sobre-valoración de la educación universitaria en Colombia

Este es un texto cuya escritura he estado postergando porque es un tema delicado acerca del cual tengo mucho que decir. Me he decidido finalmente a abordarlo ahora, motivada por las respuestas generadas por  un hilo  al respecto que hice en Twitter hace un par de días. El hilo en cuestión se originó a partir de un tuit de un/a político (no recuerdo quien) en el cual — a modo de campaña, no sé si por motivaciones populistas o genuinas — su autor/a proponía algo así como “educación universitaria para todos”.

Este tipo de propuesta — que no es exclusiva del contexto político colombiano — suele emerger de corrientes políticas de izquierda, es decir, corrientes políticas que ubican la desigualdad social en el primer escalón de prioridades a resolver.  Quienes me siguen por Twitter sabrán de antemano que ideológicamente me ubico muy a la izquierda del espectro político, es así que la crítica que pretendo articular aquí tiene como objeto la propuesta en sí — así como el modelo y las suposiciones de base que permiten que tal idea emerja —  y no la ideología política que lucha por un crear una sociedad y un mundo más justos.

Aceptando que el Estado existe y — desafortunadamente para quienes lo consideramos como un enemigo y abogamos por su abolición — seguirá existiendo por mucho rato, considero que éste debería cubrir todos los gastos relativos a los ciclos educativos para todos los habitantes del país. Sin embargo, considero que cualquier proyecto político basado en el lema de “educación universitaria para todos” está destinado al fracaso pues tal propuesta no es solamente insostenible sino que, además, en vez de corregir la desigualdad, contribuye a reforzar la misma jerarquización social que pretende combatir en un principio.

Hay un par de elementos a partir de los cuales esta idea se nutre y se mantiene.

El primero es la premisa falsa de que todos somos iguales. Que todos debamos tener los mismos derechos no significa que todos tengamos los mismos intereses ni las mismas habilidades. El problema es la organización jerárquica en términos simbólicos y económicos de ciertos intereses y ciertas habilidades respecto a otras. Esto me lleva al segundo elemento, que da título a esta entrada: la sobre-valoración que se le da a la educación universitaria en el contexto (altamente estratificado) colombiano, donde el título universitario es uno de los marcadores de clase cruciales de manera que las clases medias, media-altas y altas van a la universidad porque esto es lo que se hace por defecto cuando se pertenece a ellas, mientras que las clases medias-bajas y bajas lo hacen (o intentan hacerlo por todos los medios) porque ésta constituye el único camino (si no tenemos en cuenta el tráfico de drogas) de movilidad social hacia arriba.

La “educación universitaria para todos” es una propuesta irrealizable en cualquier contexto — si fuera realizable produciría una distopía en lugar de una utopía — pero cuya búsqueda tiene efectos reales negativos. Primero, pone presiones insostenibles en el sistema educativo y en su calidad. Segundo, afecta negativamente la calidad de vida de las personas implicadas (docentes con clases super-pobladas, estudiantes estudiando por presiones sociales y/o económicas y no por pasión). Tercero, crea lagunas en oficios fundamentales que deberían ser valorizados y realizados de manera profesional para que la sociedad funcione adecuadamente. Este último punto alimenta el ciclo de retroalimentación positiva de la sobre-valorización de la educación universitaria (y de desvalorización de oficios) que ya existe y que es en sí misma el origen del problema. A esto hay que añadir dos efectos interconectados en el contexto específico colombiano: primero, la saturación del mercado en ciertas profesiones (lo cual se traduce en altas tasas de desempleo para esas profesiones) y, segundo, la proliferación de las universidades de garaje, pues el modelo parte de la idea (y simultáneamente la refuerza) de que la educación universitaria es una “inversión” para quien la recibe y es esto lo que  permite hacer de ella un “negocio” para quien la ofrece.

En lugar de aspirar entonces a que “todo el mundo tenga un título universitario” se debería aspirar a una diversificación y revalorización social y económica de todos los oficios. Una sociedad exitosa —  y por esto entiendo una donde la gente sea feliz haciendo lo que le gusta y para lo que se es bueno, donde haya sentido de comunidad, donde haya sinergia social — no lo es si sólo cuenta con profesionales en ingeniería, medicina, ciencias humanas y derecho, sino si también cuenta con profesionales en panadería, en comercio, en turismo, en repostería, en deporte etc. Estos últimos oficios son tan respetables y tan profesionalizables como los primeros.

Lo que habría que cuestionar más bien es por qué la única manera de aspirar a tener un nivel de vida apropiado — tener seguridad y estabilidad laboral, horarios laborales respetuosos de la vida del trabajador, un salario que permita cubrir necesidades básicas, tiempo y capacidad económica para vacaciones — es a partir de la obtención de un diploma universitario. Como me respondió alguien  por Twitter: “La verdadera lucha no es que todos vayan a la universidad, sino que todos puedan tener una vida digna, vayan o no” (@davidpenal).

Ir a la universidad no hace a nadie mejor persona. Ya es hora de que empecemos a buscar maneras de cambiar ese modelo.

Traducción: Deshaciendo el silenciamiento de la revolución haitiana

Traducción autorizada de “Undoing the Silencing of the Haitian Revolution” de G. K. Bhambra.

 

Las revoluciones en Francia (1789) y en Estados Unidos (1776) – ampliamente consideradas como las revoluciones clave del mundo moderno – suelen ser presentadas como revoluciones democráticas organizadas alrededor de nuevas interpretaciones de igualdad y de reparación de antiguas formas de jerarquía social y política. No obstante, mientras que el derecho al voto obtenido por dichas revoluciones fue restringido a los hombres blancos propietarios, la desposesión y la esclavización de los pueblos indígenas y de origen africano se constituyeron como elementos cruciales para ambos estados.

Alrededor del mismo período, otra revolución que fue más radical tanto en sus metas como en su ejecución – la revolución haitiana de 1804 – tuvo lugar. Ésta, sin embargo, ha sido ampliamente ignorada.

Saint-Domingue – como se conocía a Haití antes de la revolución – era una colonia francesa ubicada en la parte occidental de La Española, una isla en el Caribe que había sido reclamada por la corona de España. Esta colonia no era solamente la más productiva del imperio francés – produciendo aproximadamente la mitad del azúcar mundial y una tercera parte del café – sino que era también el mayor mercado de exportación para Francia. Los productos eran cultivados en plantaciones trabajadas por personas africanas esclavizadas que habían sido llevadas allí como consecuencia de la trata europea.

Al cierre del siglo dieciocho, se estima que más de medio millón de personas africanas esclavizadas vivían en Saint-Domingue junto con una cuantiosa población de personas de color libres y liberadas. Durante este periodo, hubo un número de revueltas contra las condiciones de esclavitud en Saint-Domingue que eventualmente culminaron en la revolución de 1804 la cual abolió la esclavitud y estableció una república moderna. Esta revolución fue la primera que se basó en la libertad de toda la población.

A pesar de haber ocurrido casi al mismo tiempo que la francesa y la americana, a la revolución en Saint-Domingue raras veces se le concede un estatus similar, es decir, ser considerada como un evento fundacional en la historia del mundo. Ha habido trabajos historiográficos significativos al respecto – siendo The Black Jacobins de C.L.R. James (1899 [1963, 1938]) tal vez el más notable – sin embargo, pocos trabajos generales del tipo “La era de las revoluciones” la han incluido como haciendo parte de cómo entender ese época. Incluso trabajos históricos acerca del “origen del mundo moderno” que se pretenden “globales” – por ejemplo, The Birth of the Modern World (2004) de Christopher Bayly o Transformation of the World (2014) de Jürgen Osterhammel – dedican considerablemente más atención a las narrativas históricas estándares alrededor de las revoluciones francesa y estadounidense en lugar de abordar la revolución haitiana.

El libro de Bayly (2004) dedica a lo sumo un par de frases y esto a pesar de que la cubierta muestra un retrato llamativo de Jean-Baptiste Belley, revolucionario haitiano quien, como representante de Saint-Domingue, hizo parte de la delegación que viajó a París para dirigirse a la Asamblea Constituyente. Balley – quien habría sido esclavizado – compró su libertad con trabajo, y argumentó persuasiva y exitosamente (aunque en retrospectiva sólo de manera temporal) por la abolición de la esclavitud dentro del Imperio Francés (Dubois 2005: 169-70). Fue sólo como consecuencia del viaje de esta delegación (de Haití a Francia) que la cláusula aboliendo la esclavitud fue incluida en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Esto significa que el elemento político más radical de la Revolución Francesa, es decir, aquel con mayor potencial universal, llegó de Haití. Aún así, este evento no es incluido en la mayoría de las narrativas acerca del origen del mundo moderno lo cual conlleva a que no se reconsideren las aserciones más amplias acerca de la modernidad europea que usualmente se hacen. Las formas dominantes de entender la modernidad como un proceso endógeno a Europa y abstraído de las implicaciones del colonialismo y del Imperio siguen intactas. Otros eventos, en la medida en la que se mencionan, le dan simplemente un toque descriptivo a las narrativas estándares sin transformarlas.

Cuando la revolución haitiana se discute, el debate – tal y como lo señala Sala-Molins – suele articularse en torno a la siguiente pregunta: “¿Hizo Haití su propia revolución o la revolución francesa se extendió a las colonias?” (2006: 122). La conclusión inevitable a la que se llega siguiendo esta línea de razonamiento es que “no hubo revolución haitiana: sólo hubo un episodio de la revolución francesa en Saint-Domingue” (2006: 123). Sin embargo, de acuerdo con Sala-Molins, si los libertadores haitianos negros han de ser convertidos en discípulos de la Ilustración, “la lógica demanda esclarecimiento: estos libertadores subvirtieron el lenguaje de la Ilustración resignificándolo” (2006: 124). Esta nueva significación sería ulteriormente rescindida por los supuestos iniciadores de la Ilustración pues Napoleón prontamente derrocó la abolición y reintrodujo la esclavitud en las colonias francesas.

¿Qué se puede aprender entonces acerca del origen y de la transformación del mundo moderno (y más generalmente acerca de las políticas de producción del conocimiento) si se toma la revolución Haitiana de manera seria?

Primero, se aprendería acerca de las maneras como – al alcanzar la libertad y la independencia – aquellos que fueron esclavizados honraron los pueblos que los precedieron en esas tierras. El cambio del nombre Saint-Domingue (francés) por Haití honra el nombre que el pueblo Taino Arawak – eliminado por la colonización española y francesa (ver Geggus 2002: 207-220) – había dado a la isla.

Segundo, se aprendería que al alcanzar la libertad y establecer la independencia de Haití, el desarrollo de la constitución haitiana fue predicado a partir de un entendimiento de la ciudadanía con una aplicabilidad más universal que la de nociones similares desarrolladas con las revoluciones francesas y estadounidenses. Tanto Francia como los Estados Unidos, por ejemplo, mantuvieron una concepción racializada de la esfera política en la cual el derecho al voto fue otorgado sólo a los hombres blancos propietarios. Haití, en contraste, no puso límites de color a la participación política.

La constitución declaró que toda persona negra podía votar. Pero la negritud no estaba definida en función de la epidermis, es decir, en función del color de la piel, sino en términos del compromiso político de una población que se oponía a la colonización. Aquellos trabajadores alemanes y polacos no remunerados quienes también habían sido traídos a Haití por los franceses eran considerados como negros, como también lo eran los/as niño/as de mujeres blancas nacida/os en la isla. Como sostiene Fischer (2004: 266), haciendo de la liberación de la esclavitud y de la discriminación racial la base de entendimientos políticos y desvinculando el concepto de ciudadanía de la raza, la constitución haitiana radicalizó y universalizó la idea de igualdad.

En el momento en el que los líderes revolucionarios haitianos estaban demandando la abolición inmediata de la esclavitud, en la última década del siglo dieciocho, esto no pasaba en ningún otro lugar del mundo Atlántico. Más aún, esto ocurre al mismo tiempo que la revolución estadounidense mantenía la esclavitud como elemento central y constitutivo de su propia sociedad mientras que Francia ejercía un dominio imperial en sociedades que estaban organizadas como sociedades esclavizadas. Teniendo esto en cuenta, no es de sorprender que Trouillot (1995) sugiera que la revolución haitiana sea la más radical de su era y que ha sido silenciada, precisamente, por su naturaleza radical.

El silenciamiento ocurre casi inmediatamente en el momento en que Francia establece el bloqueo económico total de la isla, un bloqueo que constituye no sólo un acto punitivo a Haití por su propia emancipación, sino que también busca controlar el “contagio” de revolución y de emancipación a otras sociedades esclavizadas en el Caribe y en las Américas. El bloqueo llevó a Haití a la quiebra en veinte años y fue sólo levantado en 1825 cuando Haití acepta pagarle a Francia una compensación por pérdida de propiedad. La compensación fue efectivamente pagada por la pérdida de propiedad encarnada en aquellos seres humanos que habían sido esclavizados y habían tenido la insolencia de emanciparse a sí mismos. Ellos, en cambio, no fueron a su vez compensados por haber sido esclavizados y desposeídos.

La compensación fue establecida a 150 millones de francos franceses. Para poner esto en contexto: alrededor del mismo periodo, Francia vendió el total del territorio de Louisiana a los Estados Unidos nacientes por 80 millones de francos franceses. Viéndose en la incapacidad de pagar tal indemnización, “el gobierno de Haití hizo préstamos a bancos franceses, empezando así un ciclo que habría de durar hasta el siglo veinte” (Dubois 2005: 304). Esta deuda coercitiva no fue pagada sino hasta la mitad del siglo veinte cuando se estima que Francia extrajo de Haití, la parte occidental de la isla de la Española, el equivalente de 17 mil millones de dólares estadounidenses actuales. Tal extracción determinó la pobreza futura de Haití al mismo tiempo que fue significativa para el establecimiento de la prosperidad de Francia.

Los silencios de la historia son muchos y las consecuencias de su perpetuación son duras. En el tiempo presente sólo podemos trabajar en aras de la justicia si tomamos en cuenta los procesos históricos que son responsables por las configuraciones actuales de nuestros mundos compartidos. Las historias restaurativas son sólo un aspecto de las reparaciones más amplias que son requeridas.

 

Traducción autorizada por Gurminder K. Bhambra

 

[Publicado por primera vez en traducción danesa como ‘Et opgør med fortielsen af Den Haitianske Revolution’ Marronage Mar 31, 2017 pp36-41]

 

Blibliografía y lecturas suplementarias

  • Bayly, Christopher A. 2004. The Birth of the Modern World. Oxford: Blackwell.
  • Bhambra, Gurminder K. 2016. ‘Undoing the Epistemic Disavowal of the Haitian Revolution: A Contribution to Global Social Thought’ Journal of Intercultural Studies 37 (1): 1-16.
  • Cooper, Anna Julia 1925. L’Attitude de la France à l’égard de l’esclavage pendant la Révolution. Paris: Impr. de la cour d’appel, L. Maretheux.
  • Cooper, Anna Julia 2006. Slavery and the French and Haitian Revolutionists. Edited and translated by Frances Richardson Keller. Lanham: Rowman Littlefield.
  • Dubois, Laurent 2004. A Colony of Citizens: Revolution & Slave Emancipation in the French Caribbean, 1787–1804. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
  • Dubois, Laurent 2005. Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution. Cambridge: Harvard University Press.
  • Fischer, Sibylle 2004. Modernity Disavowed: Haiti and the Cultures of Slavery in the Age of Revolution. Durham: Duke University Press.
  • Geggus, David P. (ed.) 2001. The Impact of the Haitian Revolution in the Atlantic World. Columbia: University of South Carolina Press
  • Geggus, David P. 2002. Haitian Revolutionary Studies. Bloomington: Indiana University Press.
  • Jackson, Maurice 2008. ‘“Friends of the Negro! Fly with me, The path is open to the sea”: Remembering the Haitian Revolution in the History, Music, and Culture of the African American People,’ Early American Studies: An Interdisciplinary Journal, 6 (1): 59-103.
  • Jackson, Maurice and Jacqueline Bacon (eds) 2010. African Americans and the Haitian Revolution: Selected Essays and Historical Documents. New York: Routledge.
  • James, C. L. R. 1989 [1963, 1938]. The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution. Second Edition. New York: Vintage Books.
  • May, Vivian M. 2008. ‘“It is Never a Question of the Slaves”: Anna Julia Cooper’s Challenge to History’s Silences in Her 1925 Sorbonne Thesis,’ Callaloo 31 (3): 903–918.
  • Osterhammel, Jürgen 2014. The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century. Translated by Patrick Camiller. Princeton: Princeton University Press.
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